En torno a la posible reforma de la Constitución, opción más realista que antaño por falta de mayoría absoluta pero posiblemente lejana por la desgana gubernamental, hay algo que Mariano Rajoyno ha escondido en los últimos años ni a los ciudadanos (a través de sus declaraciones en comparecencias públicas) ni a los interlocutores que ha tenido en privado y que han querido departir sobre ello: es un asunto que le produce incomodidad, incluso temor al no poder prever los resultados de un proceso que prevé costoso desde su inicio hasta su epílogo. Lo que ha sucedido en Italia este fin de semana y el rechazo a los cambios propuestos en el referéndum sobre la modificación de su ley fundamental no debe haber ayudado, apuntan a su entorno, a que cambie de opinión.
Pero el PSOE y prácticamente el resto de la oposición avisan de que ha llegado la hora. De que esta debe ser la legislatura en que los políticos se pongan el mono de trabajo para cuestiones de Estado, evalúen hasta donde llegan las goteras y la grietas de la Carta Magna española, que cumple este martes 38 años, y se abran de una vez respiraderos que permitan que el texto respire, dando a su vez oxígeno a nuevas generaciones y a aquellos que sintiéndose ahogados por el Estado, han buscado refugio en el soberanismo.
Rajoy, ahora obligado a pactar para seguir siendo presidente, también en materia constitucional si los demás se empeñan, guarda a buen recaudo varias de las propuestas para actualizar la Carta Magna que han ido llegando por goteo a sus manos, desde la que en su día elaboró el Consejo de Estado a petición del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (su favorita, por cierto) a otras que le han entregado o explicado verbalmente políticos; empresarios que se confesaron profundamente preocupados con el desafío soberanista en Cataluña; expertos en la materia vinculados al nacimiento de la Carta Magna vigente o colaboradores y amigos como el exministro José Manuel García Margallo, entre otros. De hecho, en los días cercanos al 9-N el propio presidente animó a algunos de sus allegados a que le hicieran sugerencias en este sentido, como ya publicó este diario.
RIVERA EXIGE DEBATE EN EL 2017
Es probable que Rajoy haya tenido que desempolvar alguno de esos documentos o recuerdos que atesora. La reforma parece llama a la puerta del Congreso inexorablemente y esta vez le será complicado frenar la apertura solemne del debate sobre su modernización. Ya hay demandas de subcomisones y otros foros de diálogo. Otra cosa será si se logra llegar a algún puerto. Pero la presión está ahí. Este lunes, socialistas como el valenciano Ximo Puig o el catalán Miquel Iceta reclamaban que no se espere a que los socialistas hayan arreglado su situación interna en un congreso para abrir esta negociación.
Además, la dirección del PSOE hacía público un comunicado sobre la cuestión en vísperas del día de la Constitución. «El tiempo de la reforma constitucional ha llegado: para proteger y garantizar suficientemente el Estado del bienestar, en especial derechos básicos de las personas», dice ese texto, en el que también se apuesta por cambios «en un sentido federal» que hagan posible más autogobierno al tiempo que se garantiza la unidad del Estado. Desde Unidos Podemos, aunque se duda del resultado que se pueda obtener, se insiste en una actualización que incluya un referéndum, mientras que Albert Rivera insiste en que lo que toca es aprovechar la discusión para hablar, sobre todas las cosas, de regeneración política y poner candado al modelo estatal. El líder de los naranjas plantea que el 2017 es el año para abrir ese melón.
EUSKADI DOMINA LA PARTIDA
Para echarle más sal a un debate hasta ahora bastante insulso, Iñigo Urkullu repite en el gobierno vasco con el compromiso de exigir a Rajoy nuevos compromisos de autogobierno que pasan, entre otras cuestiones, por una modificación constitucional que fortalezca derechos de Euskadi como «nación».. ¿Cómo?. Actualizando la disposición adicional que se refiere al País Vasco en la Carta Magna. Y sometiéndola a consulta.
Algunos de los padres de la Constitución ya promovieron que se creara una disposición ad hoc también para Cataluña que brindara derechos en lengua y cultura; economía y financiación; el territorio de la fiscalidad y las infraestructuras. Rajoy conoce bien la iniciativa. Puede ser una de las que ha sacado del cajón obligado por las circunstancias y puede que por Urkullu, figura con relevancia en esta legislatura y seguro que en el debate constitucional que se avecina.
