La CUP y el sindicato CGT denunciaron en junio del 2016 la concesión de subvenciones para la cooperación al desarrollo a empresas y patronales a través de contratos sin publicidad ni concurrencia por parte de la Diputación de Barcelona. Adviertieron ante la Oficina Antifrau de Catalunya que el valor de estas presuntas irregularidades ascendía hasta, al menos, un millón de euros.

Su denuncia afectaba al área de Relaciones Internacionales de la Diputación, que supuestamente recibía fondos para destinarlos a la cooperación internacional pero que se usaron, entre los años 2012 y 2015, para beneficiar a patronales y empresas que no tenían experiencia previa en la materia y que estarían en proceso de internacionalización o de conquista de mercados en países pobres, especialmente en el Magreb y en América Latina.

Las patronales Unión Empresarial de la Anoia o el Gremio de Blanquers de Igualada fueron beneficiadas con 66.000 y 64.000 euros, respectivamente, en el 2015, y la empresa Secartys, dedicada al reciclaje de neumáticos en el Brasil, recibió unos 62.000 euros de subvención en el 2014.

Por todo esto, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional están desarrollando desde primera hora de la mañana de este jueves una macrooperación con una veintena de registros y posibles detenciones a raíz de un presunto caso de corrupción en la Diputación de Barcelona en la época en que Salvador Esteve (CiU) era su presidente, que ya ha sido arrestado. Los investigadores sospechan que el desvío de dinero público asciende en total a más de dos millones de euros.