El modus operandi ya se ha ensayado en otras ocasiones. Posconvergentes y republicanos dialogan, negocian, se pelean y se acercan a un pacto. La CUP queda en un segundo plano. Y cuando, por fin, los partidos mayoritarios del independentismo se ponen de acuerdo, o están cerca de ello, flecos mediante, los anticapitalistas asoman por la puerta con su discurso siempre alejado del tacticismo político. Y esta vez ha vuelto a pasar. La CUP presentó ayer sus enmiendas a las propuestas de resolución de JxCat y de los comuns cara al pleno del jueves. En esas enmiendas a un texto -en el que los posconvergentes piden la restitución simbólica de Carles Puigdemont-, los anticapitalistas exigen que el Parlament reafirme la validez de la declaración de independencia del 27 de octubre y condene de forma más contundente la aplicación del artículo 155 y sus efectos. Y, de paso, que la Cámara catalana ratifique a Puigdemont como candidato a la investidura.

En paralelo, el propio Puigdemont, en Gante, recordó ayer que «fue el Parlament» el que le ungió y que, por tanto deberá ser la Cámara catalana quien le aparte de la presidencia y que, hoy, «hay una mayoría de diputados» que le quieren como presidente. Puigdemont reiteró también que no tiene «vocación de símbolo» y que hay que «hallar la manera de continuar desarrollando la república y, al mismo tiempo, gestionar un Govern autonómo». En este último aspecto, el expresidente apuntó que ve «cerca» un posible acuerdo.

PLANES CONVERGENTES / Las 15 enmiendas anticapitalistas elevan el precio del acuerdo a tres que se esperaba inmediato. Aunque diezmados electoralmente, los cuatro votos de la CUP se antojan imprescindibles para investir un presidente. En las enmiendas al texto de JxCat, la CUP pide, además de reiterar la DUI, que «se activen de forma inmediata» todos los mecanismos para «restablecer la república catalana y sus instituciones.

En tanto, el plan de Junts per Catalunya va quedando más claro a medida que avanzan las conversaciones con ERC. Los negociadores trabajan con un esquema en el que Carles Puigdemont acepta no ser investido en el Parlamento catalán, y cede paso a Jordi Sànchez. Conscientes de que las posibilidades de Sànchez, preso en Soto del Real, de ser un president efectivo son pocas -aunque consiguiera permiso del juez Pablo Llarena para asistir a la sesión de investidura, lo que parece poco probable-, la hoja de ruta debe ir más allá. La siguiente pieza del engranaje es Jordi Turull. La historia se repetiría si el diputado de JxCat, imputado tras los hechos de octubre, es finalmente inhabilitado.

¿REEDICIÓN DEL 155? / ¿Qué podría hacer entonces la Generalitat? Si no acata esa eventual inhabilitación, el Gobierno amenaza con «reeditar» la aplicación del artículo 155, previo paso de nuevo por el Senado. Si, como parece, los independentistas buscan una legislatura larga, el plan c es Elsa Artadi, según las fuentes consultadas.

Que la opción Sànchez va tomando cuerpo lo demuestra que el Gobierno ha incrementado su presión para disuadir a los independentistas de tal opción. Así, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha supeditado el mantenimiento de la aplicación del artículo 155 a que la Generalitat cumpla la ley y con sus obligaciones. Eso sí, ha remarcado que no cree que Sànchez, en prisión provisional, esté en condiciones de asumir la responsabilidad de gobernar.