Parecía que el caso de los papeles del extesorero del PP Luis Bárcenas, en el que se descubrió la caja b con el partido de Mariano Rajoy se financió durante al menos 18 años, estaba listo para ser juzgado, pero gracias a otros casos de corrupción está tomando forma. Este martes dos testigos, uno de ellos imputados en Lezo y otro en la Gürtel, han ratificado la "guerra de tesorerías" que se produjo en el seno de la formación en los años en que perdió el Gobierno de España y se convirtió en prioritario controlar la adjudicación de obra pública de las comunidades autónomas.

El imputado en Lezo es el que fue delegado del Gobierno en Ceuta, Luis Vicente Moro, amigo del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González "hasta hace un tiempo", según precisó ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata. Por eso es con quien habla en su despacho en las escuchas del caso y por lo que este martes incidió en la misma línea que el exdirigente popular. Lo que añadió Moro fue la expresión "guerra de tesorerías", que a preguntas del magistrado matizó en "o de consejerías".

MEDIACIÓN DE AGUIRRE

Ante el juez explicó que el que era tesorero del PP, Álvaro Lapuerta, llegó incluso a amenazar a González con una placa de comisario que tenía en el marco de las reuniones que mantuvieron en las que el primero quería controlar desde Génova las adjudicaciones madrileñas. Según el testigo, González se lo contó a la "presidenta madrileña", Esperanza Aguirre, que medió entre ambos.

En esta línea, también declaró el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, juzgado en la primera época de la Gürtel, que está pendiente de sentencia. Según explicó, el motivo por el que cayó en desgracia en el partido fue por no adjudicar a Licuas y a Coarsa, como le había pedido Lapuerta. Su versión fue muy similar a la que ofreció en el juicio de la Gürtel, cuando dijo que coincidió en un restaurante con Lapuerta y la exdiputada madrileña Carmen Rodríguez Flores, quien le recriminó no haber adjudicada a quien debía. La acusación que ejerce Izquierda Unida solicitará la citación de esta última por el conocimiento que podía tener sobre la obra pública madrileña.

CONTRATOS A JÓVENES

Moro, que trabajó durante dos años entre 2006 y 2008 en Constructora Hispánica, una de las empresas que aparecía como donante del PP, declaró ante el juez que esa sociedad contrataba personas jóvenes del partido, como contraprestación para proporcionarles una salida profesional. El expresidente de Constructora Hispánica Alfonso García Pozuelo mantenía una excelente relación con Lapuerta y con el exministro del PP Francisco Álvarez Cascos, según declaró Moro ante el juez.

El exdelegado del Gobierno de Ceuta dijo que en la empresa se rumoreaba que se manejaba dinero negro y que después ha podido deducir que parte se dirigió a financiar el PP. García Pozuelo llegó a un acuerdo con Anticorrupción en el juicio de la primera época de Gürtel y Lapuerta se salvó del juicio a última hora por demencia sobrevenida.