La concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Zaragoza, Carmen Dueso, ha asegurado que en las obras de la línea 1 del tranvía no se ha pagado "ni un euro" por acciones no ejecutadas y que lo que se hizo "de menos" durante la construcción se compensó con lo que la UTE adjudicataria realizó "de más".

Así lo ha asegurado Dueso en la comisión extraordinaria de Presidencia y Servicios Públicos celebrada para tratar dudas en torno a la construcción de la línea 1 del tranvía, al conocerse que la UTE formada por Acciona y FCC pudo incluir en sus certificaciones obras que no se habían ejecutado.

Dueso ha reconocido que en estas certificaciones se incluyeron obras que al final no se ejecutaron, pero lo ha achacado al tipo de contrato que se firmó con la Sociedad de Economía Mixta (SEM) Los Tranvías de Zaragoza, para la construcción y gestión de un servicio público durante 35 años, y que por tanto no era solo un contrato de obras.

La UTE emitía certificaciones mensuales para dar cuenta del estado de la obra, pero los pagos no se efectuaban en función de estas certificaciones, sino siempre sobre las facturas de las obras terminadas, ha reiterado el vicealcalde, Fernando Gimeno.

El contrato fijó un precio cerrado para toda la obra, y los cambios que se efectuaron en el proceso constructivo no llegan al uno por ciento sobre el total de la obra civil, por lo que no era necesario aprobar un modificado del proyecto, según Dueso.

Algo que ha dicho que se puede comprobar en el proyecto final, llamado "As built", y que incluye "con exactitud" todo lo realizado, que sufrió un control "exhaustivo" por parte tanto de la SEM como de las entidades bancarias que financiaron la línea 1.

En una obra "tan importante" y que el ayuntamiento abonaba en función de los hitos conseguidos (como la colocación de la primera viga del cubrimiento del Huerva, la primera parada o la circulación en pruebas del tramo sin catenaria) es evidente que se puedan producir "variaciones no previstas", ha indicado.

Pero éstas se ejecutaron al considerarse necesarias por prescripciones de la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Aragón o por minimizar las molestias a los ciudadanos.

Dueso ha detallado que las obras que se realizaron y no estaban incluidas en el proyecto suman 1.069.029 euros e incluyen, por ejemplo, la ubicación de una nueva fuente en la plaza de Aragón, la ampliación del carril bici en el Actur o la renovación de algunas tuberías.

Estas actuaciones compensan con las que se decidió no hacer, según Gimeno porque se consideraron menos necesarias que las que surgieron nuevas, con el objetivo de ahorrar costes.

Entre otras, las obras que se decidió no hacer fueron la rampa de acceso al aparcamiento de Puerta Cinegia, el cambio de la fuente de la plaza de España o la construcción de una nave auxiliar en las cocheras de Goya porque se pensó que era suficiente con la de Valdespartera, todo ello por valor de 950.945 euros, con lo que el saldo entre lo que se hizo de más y de menos es incluso positivo.

"En una obra de trece kilómetros y cuatro años de duración es absurdo pensar que no va a haber cambios", ha insistido Dueso, quien ha recalcado que en la obra "se ha cumplido estrictamente" con la legalidad y se ha acabado "en tiempo y sin un solo euro de sobrecoste".

Gimeno, por su parte, ha dicho que el contrato y la propia obra en el futuro "se estudiarán en las facultades de Ingeniería de Caminos", a pesar de que la Diputación General de Aragón aún no ha pagado los 25 millones que le corresponde abonar de esta actuación.

El concejal del PP Sebastián Contín ha insistido, no obstante, en mostrar sus dudas en torno a la ejecución del proyecto, ha denunciado la falta de información sobre las obras que la UTE "ha colado" y que no ha hecho y ha reiterado su petición de que una comisión de investigación estudie este asunto.

Entre otras cosas, ha pedido saber el coste completo de las obras que se hicieron para compensar las que no y los motivos por los que se decidió que las ejecutara la UTE y no sacarlas a concurso, sin licitación, en una "contratación a dedo pura y dura".

Ha recurrido a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, por ejemplo, para defender que los contratos de este tipo están sometidos al derecho público, y que sólo pueden abonarse las obras "acabadas y certificadas", y ha cifrado en 2,2 millones de euros el desfase de estas obras.

El concejal de CHA Carmelo Asensio ha dicho, por su parte, que su grupo no cuestiona que haya habido un control "férreo" e incluso ahorro, pero sí la información proporcionada y la transparencia, puesto que "en algún documento" deberían haberse detallado los cambios que se realizaron, con su motivación y quién los había propuesto.

Por IU, Raúl Ariza, ha considerado positivo para el consistorio el modelo de contrato elegido, pero ha dudado de que fuera beneficioso para la UTE.

La primera parte de la comisión ha sido cerrada a los medios de comunicación y ha contado con la presencia de dos técnicos de la sociedad Los Tranvías y uno municipal para contestar a las preguntas de los concejales.