l juzgado de instrucción 6 de Sevilla ha enviado a la Audiencia Provincial la segunda pieza del caso ERE, en la que están procesados seis ex altos cargos de la Junta de Andalucía por la ayuda de 2,3 millones de euros concedida entre 2006 y 2010 para extinguir 26 empleos de la empresa Surcolor.

La causa se ha enviado, para su reparto y enjuiciamiento entre tres secciones de la Audiencia, después de que el pasado 23 de febrero se remitiera la primera pieza de los ERE, la denominada política, en la que están procesados 25 ex altos cargos andaluces, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

En la pieza de Surcolor están acusados el exconsejero de Trabajo Antonio Fernández, el exviceconsejero de Trabajo Agustín Barberá Salvador; los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero Benítez, Juan Márquez Contreras y Daniel Alberto Rivera Gómez; y el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas Sánchez.

La Fiscalía solicita ocho años de prisión para Fernández, Guerrero, Barberá, Rivas, el "conseguidor" de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas y el presunto testaferro Juan Francisco Algarín, así como seis años de cárcel para Márquez y Rivera.

En la ayuda de Surcolor, el juez de refuerzo Álvaro Martín ordenó la apertura de juicio oral por los delitos de prevaricación continuada, malversación continuada, prevaricación, falsedad en documento oficial, asociación ilícita, tráfico de influencia y falsedad en documento mercantil.

En esta causa también están procesados dos propietarios de la empresa Surcolor; dos directivos de Vitalia, un representante sindical y un miembro de Estudios Jurídicos Villasís.

Además, el juez acordó abrir juicio contra dos intermediarios para hacer posible estas ayudas y contra otras dos personas que recibieron ayudas de la Junta como trabajadores de Surcolor y Surcolor Óptica sin haber trabajado nunca en estas empresas, los denominados "intrusos".

Uno de los intrusos estaba previsto que cobrara 104.885 euros y el otro 120.200 euros, a razón de 1.200 euros y 947 euros al mes.

Se da la circunstancia de que los ex altos cargos Fernández, Barberá, Guerrero, Rivera y Márquez están también procesados en la denominada pieza política de los ERE.

En dicha pieza política, el Ministerio Fiscal pide ocho años de prisión para Antonio Fernández, y en otra pieza aún no enviada a la Audiencia, la de Acyco, solicita otros doce años de cárcel por la presunta comisión de delitos de falsedad en documento oficial, prevaricación y malversación de fondos en las ayudas concedidas.