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EVALUACIÓN EUROPEA

España incumple las recomendaciones anticorrupción de la UE

El grado de cumplimiento de las recomendaciones sigue siendo "en general insatisfactorio", afirma el Consejo de Europa

 

Mariano Rajoy, en la sede de Freixenet el pasado diciembre del 2017. - ALBERT GEA (REUTERS)

EL PERIÓDICO
03/01/2018

España, que vive uno de sus peores momentos en percepción de la corrupción, incumple sistemáticamente las recomendaciones de la Unión Europea en lucha contra esta lacra. Así lo asegura el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), dependiente del Consejo de Europa, que afirma que España sigue sin cumplir cuatro de las once recomendaciones que le hicieron en diciembre del 2013 y que las otras siete se han cumplido solo parcialmente.

Según el Informe Interino de Cumplimiento publicado este miércoles, la situación de España, aunque lejos de ser la de los países líderes, supone un avance respecto a la evaluación que el organismo internacional realizó en el verano del 2016, ya que en aquel momento España solo había comenzado a aplicar cinco de los once consejos recibidos.

El GRECO lleva desde el 2005 haciendo "rondas de evaluación" a más de una cuarentena de países para analizar la situación de los mismos con respecto a la lucha contra la corrupción. España se encuentra ahora inmersa en la cuarta ronda, cuyo objeto de estudio son los miembros de los parlamentos nacionales y los jueces y fiscales.

Avance "limitado"
Pero, según el GRECO, los progresos que se han hecho son "limitados" y el grado de cumplimiento de las recomendaciones sigue siendo "en general insatisfactorio". Ahora España tiene un plazo de un año, hasta el 31 de diciembre del 2018, para informar de las acciones llevadas a cabo para mejorar la prevención de la corrupción en el poder legislativo y el judicial.

Entre las principales recomendaciones, el GRECO subraya la necesidad de que se revise el sistema de supervisión y control de las declaraciones y normas de conducta. Aunque el informe destaca que todos los diputados y senadores están obligados a realizar una declaración de intereses económicos, de bienes y de actividades complementarias, ve necesario que se incluyan otras informaciones que pueden ser de interés y que han sido objeto de investigación en los tribunales españoles en el marco de conocidos casos de corrupción.