El Estado deberá pagar 20.000 euros a Arnaldo Otegi por daños morales para evitar una sanción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
(TEDH) que en marzo del año pasado condenó a España a indemnizar al exportavoz de Batasuna por haberle impuesto una condena "desproporcionada" por injurias graves al Rey en el 2003. El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, ha dado la orden de pago, que podría haberse efectiva en las próximas horas. Los magistrados de esta corte especial, con sede en Francia, consideraron "excesivo" el castigo y defendieron el derecho a la libertad de expresión de Otegi, que por aquél entonces era líder de Sozialista Abertzaleak, la marca de la izquierda aberzale en el Parlamento vasco.
Esta compensación económica responde a la condena que la justicia europea impuso "al Reino de España" hace prácticamente un año por considerar "desproporcionado" que tanto el Tribunal Supremo como el Constitucional confirmaran una pena de un año de cárcel al exportavoz de Batasuna por "injurias graves" al Rey después de que en el 2003 llamara al Monarca "jefe de los torturadores".
Además, el Estado deberá pagar otros 3.000 euros a la defensa del dirigente independentista, actualmente encarcelado en Logroño, que corrió a cargo del abogado francés Didier Rouget y de la letrada vizcaína Jone Goirizelaia. Se espera que el dinero pueda estar disponible entre este jueves y mañana viernes.
Las palabras objeto de la polémica fueron pronunciadas el 26 de febrero del 2003, cuando, en el marco de una visita de Juan Carlos a Euskadi, Otegi afirmó que el Rey "es el jefe supremo del Ejército español, es decir el responsable de los torturadores y quien protege la tortura e impone su régimen monárquico a nuestro pueblo gracias a la tortura y la violencia". Por aquel entonces, la izquierda aberzale denunció las torturas sufridas por los responsables del periódico Egunkaria tras ser detenidos.
Gallardón acata "con disgusto"
En declaraciones a Onda Cero, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha expresado su "discrepancia" con la sentencia, pero también su "acatamiento", "con disgusto", dado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de acuerdo con los convenios firmados por España, tiene jurisdicción sobre asuntos ocurridos en nuestro país.
La sentencia del TEDH recogía que "el jefe del Estado no puede ser inmune a las críticas por razón de sus funciones oficiales". Aunque el Gobierno español recurrió aquella decisión, sus alegaciones han sido rechazadas. El tribunal europeo argumenta que "una pena de prisión impuesta por una infracción cometida en el terreno del discurso político no es compatible con la libertad de expresión garantizada por el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos". Además, añade que "en el contexto de un debate sobre una cuestión con un interés público legítimo, nada puede justificar la imposición de tal pena de prisión". en donde inauguró una central eléctrica
