La Fiscalia Anticorrupción ha solicitado este lunes a la Audiencia de Barcelona que acuerde el ingreso en la cárcel del expresidente del Palau de la Música, Félix Millet, y su mano derecha, Jordi Montull, que fueron condenados por el desvío de fondos de la entidad para sufragar gastos particulares y por la intermediación en el pago de comisiones a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).

El tribunal de la Sección 10 impuso al primero nueve años y ocho meses de prisión y al segundo siete años y seis meses. Estos magistrados son los que decidirán si encarcelan o no a los condenados. Ambos pisaron un centro penitenciario en junio del 2010. Estuvieron 13 días en prisión provisional, pero por otro caso, el de la frustrada construcción de un hotel de lujo en las inmediaciones del auditorio barcelonés. El Tribunal Supremo les absolvió después.

La acusación pública también ha reclamado otras medidas cautelares para la exdirectora financiera de la entidad cultural, Gemma Montull, condenada a cuatro años y seis meses de cárcel, y para el extesorero de CDC, Daniel Osàcar, penado con cuatro años y cinco meses de prisión. En concreto, ha reclamado para estos la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y comparecencias en el juzgado.

La fiscala Marta Marquina ha justificado la prisión incondicional sin fianza para Millet y Montull por la elevada pena impuesta y el riesgo de fuga, así como por la "gravedad de los hechos" que "afectan al interés general y al erario púnico". La acusación pública ha sostenido que el riesgo de futa es evidente por los medios económicos de los que fueran máximos responsables del Palau, a la vez que ha argumentado que la avanzada edad de Millet y Montull y la merma física que pueden padecer no disminuye la posibilidad de que huyan de la justicia y tampoco impiden que entren en un centro penitenciario. Para sustentar esta aspecto, la fiscala ha detallado que en las prisiones catalanas ingresan cada año personas mayores de 75 años.

El Palau de la Musica, por su parte, se ha adherido a la petición del fiscal. No así la acusación popular de la Federació d'Associacions de Veins, que se ha opuesto al entender que no se ha aportado elementos nuevos que hagan necesario el encarcelamiento de Millet y Montull. A estas dos personas el juez que instruyó la causa ya les retiró el pasaporte y les obligó a comapecer en el juzgado cada cierto tiempoo. A Gemma Montull, además, se le impuso una fianza de 500.000 euros.

Comisiones ilegales

La sentencia hecha pública el pasado 15 de enero sostenía que CDC cobró comisiones ilegales por al menos 6,6 millones de euros de la constructora Ferrovial a cambio de la adjudicación de obras pública en Catalunya. Tanto el partido como la empresa utilizaron para canalizar esos fondos el Palau de la Música y la complacencia de los que eran hasta el 2009 sus máximos directivos, Félix Millet y Jordi Montull. De ahí que los magistrados condenaran a la formación política por haberse financiado ilegalmente durante una década (1999-2009) y acordó el decomiso de esos 6,6 millones. Los ejecutivos de Ferrovial acusados fueron absueltos, entre otras cosas, por la prescripción del delito. CDC ha anunciado que presentará recurso al Tribunal Supremo, al igual que las defensas de los principales implicados. La fiscalía hará lo propio con la exculpación de los directivos de la constructora.

Millet y Montull, "con la necesaria colaboración de Gemma Montull", además, pergeñaron un entramado delictivo alrededor del Palau que les permitió desviar y apoderarse de más de 23 millones de euros entre el 2000 y el 2009. Los tres movieron fondos a su antojo para pagar gastos particulares, como obras en sus viviendas o viajes a países exóticos.