La Guardia Civil equipara en un informe a los dirigentes políticos y altos cargos de la Generalitat que impulsaron el proceso soberanista y el referéndum unilateral del 1 de octubre con la «delincuencia organizada», a la vez que tildan de «cerebro» de la logística de la consulta al ahora diputado de ERC Josep Maria Jové, que fue segundo de Oriol Junqueras en la Consejería de Economía y al que se le confiscó el documento EnfoCATs, que los investigadores consideran la hoja de ruta independentistas. El instituto armado también otorga un papel clave a Josep Lluís Salvadó, secretario general de Hacienda, que se encargó de «definir y construir las paredes» de la Agencia Tributaria catalana.

El informe ha sido remitido al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que investiga al cesado Gobierno catalán por presunta rebelión y sedición. La Guardia Civil ha empaquetado en un mismo documento todas las pruebas que, a su entender, sustentan las ilegalidades en el proceso secesionista, cruzando papeles y agendas incautadas con conversaciones telefónicas intervenidas.

En este sentido, los investigadores señalan que los planes secesionistas han llevado a los dirigentes políticos y altos cargos de la Generalitat que impulsaron el procés a actuar «con tácticas propias de la delincuencia organizada», como se desprende del propio EnfoCATs, donde «literalmente» se hace constar que los preparativos del 1-O no se tenían que hacer públicos con detalle y que «no hay que comunicar el funcionamiento de los órganos de coordinación». Según los agentes, ese «secretismo» se observó en las actuaciones que practicaron en la organización y ejecución del 1-O.

Jové «viene jugando un papel fundamental en el proceso secesionista» , inciden los agentes, aunque los «tres responsables máximos» fueron Puigdemont, Oriol Junqueras y Raül Romeva.

RECURSO DE JUNQUERAS / En este contexto, el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras ha presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso contra su encarcelamiento, acordado el pasado 2 de noviembre por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. En su escrito, el líder de ERC alega que se han vulnerado varios de sus derechos fundamentales, entre ellos el de libertad ideológica, el de presunción de inocencia y el derecho a tener un proceso con todas las garantías, a la vez que reitera, como ha hecho en sus últimas declaraciones judiciales, que la declaración unilateral de independencia (DUI) expresó una «voluntad política» sin valor jurídico.

«El Supremo no tiene competencia alguna para investigar» la declaración de independencia, argumenta la defensa de Junqueras, que entiende que el proceso debería ser instruido por el Tribunal Superior de Cataluña.