El independentismo volvió a congregar una multitudinaria movilización durante la Diada de Cataluña, en la que la reclamación de libertad para los políticos presos y de una «república catalana» fueron las principales reivindicaciones, un año después de la crisis política del 1-O.
La Diada, marcada por las consecuencias del pulso independentista de otoño de 2017 que desencadenó la destitución del Govern por el artículo 155, incorporó incorporado este año a la reclamación de independencia y de «república catalana» el componente emocional de la petición de libertad para los políticos presos.
Al finalizar la manifestación independentista, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, pidió «valentía» al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que preste atención al «grito democrático» que se escuchóo y aseguró que la marcha soberanista que se inicia ahora «no tiene freno».
Una multitud se desplegó a lo largo de la Diagonal de Barcelona en una gran «ola sonora» planificada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC), en la que, según la Guardia Urbana, participaron un millón de personas, cifra que Sociedad Civil Catalana, contraria a la independencia, rebajó a 200.000.
Al finalizar la manifestación, la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, exigió al Govern que no «dilapide» el trabajo realizado por el movimiento independentista «diciendo ahora que el 1-O no era un referéndum» y le pidió que se prepare para un nuevo «embate democrático» al Estado.
Entre las peticiones de libertad para los independentistas encarcelados destacó la de ERC, que condicionó el diálogo con el Gobierno de Pedro Sánchez a que los «presos políticos» sean puestos en libertad y los «exiliados» puedan volver a sus casas.
La cuestión de los políticos presos estuvo presente no sólo en el plano de las declaraciones, sino también en el simbólico, como en el caso de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que durante la ofrenda floral lució un lazo amarillo en la solapa.
También fue abordada desde Estrasburgo (Francia) por el ministro de Exteriores, Josep Borrell, quien reconoció que «personalmente» hubiera preferido que el juez «considerase otras medidas de precaución para evitar la fuga» de los políticos catalanes encarcelados «que no fuese la prisión incondicional».
Los partidos independentistas, incluida la CUP, reaccionaron sustentándose en estas declaraciones para pedir que el Gobierno ordene a la Fiscalía la puesta en libertad de los presos.
El eco de este debate también llegó al Congreso, donde el PP cargó contra Borrell, mientras que, en el Senado, Pedro Sánchez insistido en su política de «ley y diálogo» en Cataluña, respetando las sentencias y la normativa, pero abogando al mismo tiempo por restaurar la convivencia en esta comunidad.
La Diada de 2018 se celebró también en un nuevo escenario político tanto en el Palau de la Generalitat, donde se sienta como presidente Quim Torra en sustitución de Carles Puigdemont, huido a Bélgica, como en la Moncloa, donde gobierna el PSOE de Pedro Sánchez, que relevó en junio al PP con una moción de censura.
Lo que sí se ha repetido es la ausencia de la oposición (Ciudadanos, PSC y PPC) en la manifestación independentista, si bien han acudieron algunos representantes de los comunes, y Ciudadanos organizó su propio acto bajo el lema «El amor es más fuerte que el odio».
En este acto, la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, denunció que los actos organizados por el Govern «excluyen a más de la mitad de los catalanes», mientras que el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, advirtió a Pedro Sánchez de que «no se equivoque» de aliados y de adversarios.
El líder del PSC, Miquel Iceta, pidió recuperar el «espíritu unitario» de la Diada y «superar divisiones», para así encontrar un camino que permita avanzar en el autogobierno y la mejora de la financiación y ha pedido que no se pongan «condiciones» que «impidan» el diálogo.
Por su parte, el presidente del PPC, Xavier García Albiol, ha exigido a Sánchez que tome medidas ante las pretensiones independentistas del Govern de Torra, al que ha tachado de «iluminado».
La diputada de Catalunya en Comú Podem Jèssica Albiach ha reclamado la puesta en libertad de los presos soberanistas y la convocatoria de un referéndum «pactado y vinculante», mientras que el dirigente de la CUP Lluc Salellas ha instado al Gobierno a que haga que la Fiscalía retire los delitos de rebelión y secesión de los dirigentes en prisión.
