La defensa del candidato a presidente de la Generalitat, Jordi Sánchez, ha anunciado ante la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo que renunciará al escaño y a sus aspiraciones políticas a cambio de recuperar su libertad y poder volver a estar con sus hijos y retomar su actividad docente en la universidad, informaron fuentes jurídicas. Su partido, Junts per Catalunya, precisaba que dejará en las próximas semanas el acta.

La acusación que ejerce Vox había asegurado al término de la vista que la defensa, que ejerce el letrado Jordi Pina, había anunciado por dos veces su intención de renunciar a la política. Fuentes jurídicas matizaban que la renuncia se planteaba en el contexto de que Sànchez nunca se había dedicado a la política hasta después del 21-D, elecciones a las que concurrió como dos de Junts per Catalunya, y que su prioridad era estar con su familia, por lo que renunciaría a su carrera política.

En el turno de última palabra, Sànchez negó haber recibido cualquier notificación judicial que pudiera haber desobedecido, que todas sus manifestaciones han sido pacíficas y a favor de la concordia. También negó el liderazgo que le atribuye el Supremo para lograr movilizaciones. Su defensa recordó que cuando concurrió a las listas lo hizo con la condición de que no se incurriese en vías unilaterales.

Hasta el anuncio político del actual candidato a 'president', la sorpresa del día la había protagonizado el fiscal del Tribunal Supremo Fidel Cadena, al pedir este martes a la Sala de Apelanción del alto tribunal que permita la salida de prisión del 'exconseller' de Interior Joaquim Forn bajo fianza de 100.000 euros, la misma cantidad con la que ya se encuentran en libertad los demás exmiembros del Govern, salvo el exvicepresidente Oriol Junqueras, en prisión, y los huidos.

La petición fiscal no tiene por qué ser asumida automáticamente por la Sala porque la acusación que ejerce Vox instó que permanezca en prisión. Para Sànchez, el ministerio público mantuvo que debe seguir en prisión por riesgo de reiteración, criterio que coincide con el de la acusación popular.

Razones humanitarias

Es la primera vez que el ministerio público plantea que Forn pueda ser excarcelado. De hecho, hace justo una semana los fiscales adscritos al caso informaron en contra de la puesta en libertad solicitada por el 'exconseller', con el argumento del riesgo de reiteración delictiva. Según fuentes presentes en la comparecencia, el fiscal ha sido muy escueto y únicamente ha señalado que realizaba esa petición para el 'exconseller' "por imperativo legal", siguiendo instrucciones del fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar.

El artículo 25 del Estatuto orgánico de la carrera fiscal prevé que el fiscal general "podrá impartir a sus subordinados las órdenes e instrucciones convenientes al servicio y al ejercicio de las funciones, tanto de carácter general como referidas a asuntos específicos". Añade que "cuando dichas instrucciones se refieran a asuntos que afecten directamente a cualquier miembro del Gobierno, el fiscal general deberá oír con carácter previo a la Junta de Fiscales de Sala".

Fuentes fiscales justificaron el cambio de criterio en que Forn ha renunciado a su escaño, se ha apartado de la vida política, lo que limita el riesgo de reiteración delictiva, y se ha tenido en cuenta que pueda recibir tratamiento fuera de prisión para tratarse del bacilo de la tubercolosis del que es portador.

Tras la celebración de la vista de Forn, los magistrados continuaron con la prevista para revisar el auto del juez Pablo Llarena del pasado febrero en el que denegaba la excarcelación al candidato a presidente de la Generalitat, Jordi Sànchez, que esta misma mañana solicitó que se resolvieran todos los recursos que tiene pendientes, aunque los posteriores siguen otro trámite. La fiscalía solicitó que siga en prisión por el riesgo de reiteración delictiva esgrimida en todos sus escritos.

El extitular de Interior de la Generalitat renunció a la posibilidad de asistir a la vista, pero como ya había sido autorizado su traslado desde prisión fue conducido a los calabozos de la Audiencia Nacional. El número dos de JxCat podría intervenir en la vista y defender él mismo sus argumentos para quedar en libertad y poder acudir al debate de investidura en el Parlament.

Forn se encuentra en prisión preventiva en Estremera desde el pasado noviembre, mientras que el expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) entró en Soto del Real en el pasado 16 de octubre.

Acusaciones y defensas expondrán sus argumentos en contra y a favor de la puesta en libertad de los dos imputados por delitos de rebelión, sedición y malversación. A ambos les envió a prisión la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, decisión que el instructor de la causa en el TS, Pablo Llarena, ha mantenido en distintas resoluciones. El Supremo revisará ahora los autos en los que, argumentando riesgo de reiteración delictiva, rechazó los recursos en los que Forn, el 2 de febrero, y de Sànchez, el 6 del mes pasado, pedían su excarcelación.

La última petición de excarcelación del 'exconseller' aún no ha sido resuelta. La fiscalía se opuso la semana pasada a que quedara en libertad, pese a que Forn añadió nuevos argumentos a su reclamación, como que es portador del bacilo de la tuberculosis, cuyo tratamiento, al consistir en fuertes fármacos, hace aconsejable su excarcelación.

En cuanto a Sànchez, el juez le ha denagado la libertad e incluso el permiso para asistir al pleno de investidura que estaba previsto para el pasado día 12 y en el que iba a ser propuesto como candidato a 'president'. El diuptado también impugnó esta decisión, que el Supremo no estudiará este martes. Este nuevo recurso queda pendiente para más adelante, ya que el magistrado dio plazo a las partes para presentar alegaciones.

La acusación popular

Vox, que ejerce la acusación popular en la causa, defenderá que se mantenga la medida cautelar de prisión provisional para ambos. Argumentará el papel relevante de Forn en el control político de los Mossos d'Esquadra durante el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. Respecto a Sànchez, defenderá, como con el 'exconseller', que no existen circunstancias nuevas que modifiquen las razones por las cuales se decretó su entrada en prisión. Además, pedirá que se mantenga también la denegación del permiso solicitado para acudir al pleno de investidura del Parlament de Catalunya.

El ponente designado para redactar la interlocutoria es Francisco Monterde, a quien la defensa de Sànchez intentó sin éxito recusar a principios de febrero alegando que es vicepresidente y miembro del comité ejecutivo de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM).