Muchísimas cosas han pasado en los últimos tres meses. El Parlament declaró la República, Mariano Rajoy activó el artículo 155, cesó al Govern y convocó unas elecciones que los independentistas ganaron de nuevo después de que Carles Puigdemont y varios 'consellers' se marcharan a Bélgica y el resto del Govern, con Oriol Junqueras al frente, acabara en la cárcel (como Carme Forcadell, que saldría un día después bajo fianza, igual que seis 'exconsellers'). Todo esto, y mucho más, ha ocurrido en los tres meses que han pasado ya desde que Jordi Cuixart y Jordi Sànchez entraron en la prisión de Soto del Real, encarcelados el pasado 16 de octubre por sedición, acusados de ser los cabecillas de las manifestaciones del 20 de septiembre ante la 'conselleria' de Economia.

Las entidades soberanistas han preparado para este martes nuevas movilizaciones en toda Cataluña para demostrar que no olvidan al presidente de Òmnium y al expresidente de la ANC. En Barcelona, la concentración convocada a las 20.00 horas terminará a las puertas del Tribunal Superior de Justícia de Cataluña.

Amnistía Internacional reclamó tras su encarcelamiento no solo su liberación sino la retirada de los delitos de sedición contra ellos. Una petición que también trasladó la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona, que acusó a la jueza Carmen Lamela de haber "construido" un nuevo tipo delictivo "diferente de los legales" en que el "alzamiento tumultuario puede ser pacífico" pero es igualmente delictivo "si persigue una finalidad política no contemplada en la Constitución vigente" como es el independentismo. De nada sirvieron estos intentos, igual que tampoco prosperaron los recursos de los abogados para excarcelarlos, que la Audiencia Nacional rechazó el 3 de diciembre.

Los Jordis están ahora a la espera de ver qué resuelve el juez Pablo Llarena sobre su petición de libertad. El Supremo considera muy difícil su excarcelación pese a haber renegado del 1-O y de la vía unilateral. En su declaración de la semana pasada ante Llarena, Cuixart y Sànchez ambos señalaron que el 1-O "no tuvo valor legal". El presidente de Òmnium añadió que el único referéndum que se podría celebrar para declarar la independencia de Cataluña sería "el que convocara el Gobierno de España", según marca la Constitución, ya que unilateralmente es "imposible". Por su parte, el expresidente de la ANC aseguró que dejaría su escaño en el Parlament si el Govern volviera a las andadas de la desobediencia. Sànchez, diputado electo tras aceptar ir de número 2 en la lista electoral de Puigdemont el 21-D, está también pendiente de saber si podrá delegar su voto de cara a la conformación de la Mesa del Parlament pero, sobre todo, en la investidura.