El juez del 'caso Innova' de Reus ha ordenado el ingreso en prisión, con fianza de 20.000 euros, del empresario Lluís Márquez, administrador de la empresa de prótesis Traiber por un presunto descuadre de 2,4 millones de euros en las ventas al Hospital de Sant Joan de Reus. Pero, sobre todo, señala en un duro auto judicial, por haber vendido prótesis caducadas o en mal estado como si fueran buenas al hospital, tras presionar al ayuntamiento y "a las más altas instancias de la Administración autónomica" con reuniones con el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y el 'exconseller' de Indústria Francesc Xavier Mena.
El juez reseña que, para la Fiscalía es "especialmente grave" que "quien vende medicamentos o prótesis médicas en mal estado, al mismo tiempo presiona a la administración para que se las compre, y lo que es peor, esta administración asume tal venta".
Márquez, un laureado empresario por su trayectoria en innovación, está imputado por un delito contra la administración pública, delitos societarios, de falsedad documental, de blanqueo de capitales y contra la salud pública.
El instructor del 'caso Innova', Diego Alvárez de Juan, reseña en su auto cómo la mala gestión de la empresa sanitaria pública Sagessa, insertada en el extinto grupo de empresas municipales Innova, ha provocado "comportamientos como el del gerente de Traiber". Sagessa controla un centenar de centros sanitarios y guarderias de la provincia, con el Hospital de Sant Joan de Reus como joya de la corona, y también los hospitales de Cambrils, Amposta, Mora y Tortosa.
80% DE CONTRATOS IRREGULARES
El juez ordenó 25 registros simultáneos el pasado martes en dependencias de Sagessa, los ayuntammientos de Reus, Cambrils y Amposta y en despachos y domicilios de varios directivos de Sagessa y se detuvo a nueve personas --la más destacada, la primera teniente de alcalde de Reus, Teresa Gomis (CiU)-- aunque ahora el número de imputados se eleva a 11.
El 80% de los contratos de servicios y suministros del Hospital de Sant Joan de Reus son irregulares, según un informe técnico que cita el juez y que ya admitió el pasado martes el alcalde Carles Pellicer (CiU) tras la detención de Gomis. "No podemos parar los servicios del hospital", resumió el alcalde tras reivindicar la presunción de inocencia.
Traiber sirvió prótesis por adjudicación directa (sin contratación pública) del 2007 al 2014, con un paréntesis durante los años 2012 y 2013 por la llegada un nuevo doctor de traumatología. Anoche, otro de los imputados, el exdirector general de Sagessa, Joan Maria Benet, relató al juez una reunión con Márquez y con la primera teniente de alcalde, Teresa Gomis, en la que "insistieron en que el hospital debía contratar con Traiber", objetivo que finalmente logró.
DENUNCIA DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DEL MEDICAMENTO
La Fiscalía de Tarragona señala que la Generalitat inspeccionó a Traiber tras una denuncia a la Agencia Española del Medicamento porque "algunas (prótesis), incluso colocadas a pacientes, son de baja calidad, con fallas en las condiciones higiénicas de su producción, así como la alteración de los precintos de caducidad", de modo que se "venden piezas caducadas" como correctas.
Benet ya admitió este jueves que varios doctores cuestionaban la calidad de esas prótesis y, para el fiscal, es "especialmente grave" que "quien vende medicamentos o prótesis médicas en mal estado, al mismo tiempo presiona a la administración para que se las compre, y lo que es peor, esta administración asume tal venta".
Por su parte, Gomis debía declarar ante el juez a partir de las nueve y media de esta mañana, pero se ha iniciado pasadas las cuatro de la tarde y aún sigue en sede judicial tras pasar tres noches en los calabozos de la Guardia Civil y haber prorrogado el juez un día más la detención.
