Tras asumir el caso del 3% y tomar declaración a una veintena de imputados, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha dado un paso trascendental en la investigación de la financiación irregular de Convergència Democrática de Catalunya, mediante donaciones a sus fundaciones Catdem, Fórum Barcelona y Nous Catalans. En un auto imputó ayer tanto a CDC, como al PDECat, que considera un «mero cambio de apariencia» de la anterior, como personas jurídicas, por los delitos de tráfico de influencia, cohecho y blanqueo de capitales, que habrían cometido durante al menos 11 años.

El magistrado emplaza a ambos partidos para que designen abogado y procurador y puedan defenderse en el procedimiento demostrando que disponen de los mecanismos de prevención de la corrupción, a través del control de sus fondos, que el Tribunal de Cuentas les ha reprochado no tener en varios informes. Desde la cúpula del partido posconvergente insisten en lamentar que les impute «por unos hechos muy antiguos» y sostienen que demostrarán que son «dos estructuras diferentes», informa Fidel Masreal.

El PDECat mostró su «absoluta disconformidad e incredulidad por la decisión», porque se constituyó en 2016, con «la transparencia y las buenas prácticas» como «señas de identidad». Y atribuye su imputación a la «intención de extender una sombra de duda con objetivos que no tienen nada que ver con la lucha contra la corrupción».

ELUDIR RESPONSABILIDADES / Pero para librarse de esa imputación tendrá que dar muchas más explicaciones, porque, según el auto, su nacimiento solo «tenía la finalidad de desconectarse de las responsabilidades penales en las que pudiera haber incurrido la formación política precedente, CDC». Para llegar a esa conclusión el magistrado hace un amplio repaso de ambas formaciones y comprueba que !la composición de los órganos de dirección del PDECat mantienen una identidad sustancial con la de dos años antes», de CDC; que buena parte de los 45 trabajadores de este partido permanecen en su sucesor, incluso, después del ERE que sufrió. El magistrado considera que la financiación irregular de Convergència se mantuvo al menos durante 11 años y que el monto total de licitaciones comprometidas ascendieron por el momento, según el cómputo realizado, a 218.759.664 euros. Las donaciones irregulares superan el millón de euros.