El Juzgado de Instrucción número 2 de Arenys de Mar ha abierto una investigación por presuntas coacciones contra tres tenientes de alcalde de Pineda de Mar del PSC, a una concejal de ERC y al jefe de la Policía Local por la expulsión de agentes de la policía nacional que se alojaban por el 1-O en hoteles de la población. El magistrado ha admitido a trámite la querella presentada por el fiscal de Delitos de Odio y Discriminación de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar.
La fiscalía acusa a Carmen Aragonés Flaquer, primera teniente de alcalde; Jordi Masnou Ridaura, segundo teniente de alcalde; Silvia Biosca Estopa; teniente de alcalde de comunicación; Mónica Palacín París, concejal de la oposición en el Ayuntamiento de Pineda de Mar, y Carles Santacreu Manuel, jefe de la policía local de dicha localidad.
La querella relata que a raíz de la convocatoria de referéndum del 1-O se trasladaron a Cataluña una serie de contingentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Parte de dichos efectuivos pertenecientes a la Policía Nacional fueron alojados en Pineda de Mar en dos hoteles de la cadena Checkin Hoteles. En total casi 500 efectivos.
COMITIVA MUNICIPAL
El hospedaje y los servicios contratados se prestaron con total normalidad por parte de la dirección y empleados de los establecimientos, según la fiscalía, hasta el 2 de octubre del 2017, el día después de la consulta, en que sobre las 21 horas "de forma irregular", sin cita programada y "fuera de la agenda oficial", hizo presencia en uno de los establecimientos, el de la calle Roig i Jalpi, una comitiva encabezada por los respresentantes municipales Carmen Aragonés, Jordi Masnou, Mónica Palacón y el jefe de la policía local Carles Santacru.
Su intención, explica la acusación pública, era "cominar" a la dirección del hotel, "prevaliéndose de la autoridad que representaban", para logar la "expulsión de los funcionarios de policía" albertado en los locales. Para ello, se entrevistaron con el director del establecimiento, al que le requirieron que lo cerrara, "con el consiguiente desalojo de los policías" albergados en sus dependencias. La misma exigencia fue comunicada al gerente de la cadena hotelera.
Uno de los querellados, Jordi Masnou en su calidad de responsable de urbanismo municipal, advirtió a este directivo, "en tono desafiante y amedrentador", que tenía que echar a "esos clientes sí o sí". El gerente le contestó que los agentes tenían reserva en el local hasta el 5 de octubre, a lo que Manou, dando gritos, le dijo que "el era el que mandaba allí, que si decía blanco es blanco". Además, le amenazó con cerrarle el hotel sino expulsaba a los policías. Ante esas presiones, la dirección del hotel comunicó a los efectivos de la Policía Nacional que debían abandonar las instalaciones al día siguiente, 3 de octubre.
