El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena está decidido a no perder un minuto en la investigación de la causa por rebelión que tiene entre manos. Mientras interrogaba al expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez se ha sabido que ha ordenado nuevas diligencias, entre las que destaca el ordenante y destinatario de tres transferencias relizadas desde tres cuentas corrientes abiertas por la Delegación de Catalunya Davant la Unió Europea en Bruselas a la Delegación del Govern en Croacia y a la The Hague Centre for Strategic Studies.

En su providencia, el magistrado ordena a la Guardia Civil investigar la posible relación de estas tres transferencias, que se realizaron desde la cuenta en el BBVA de Bruselas de la delegación catalana ante la Unión Europea entre los días 21 de septiembre y 10 de octubre de 2017, con lo previsto en la Orden de la Comisión de Asuntos Económicos del Ministerio de Hacienda, de 15 de septiembre de 2017, por la que se acordaba el control de los gastos de la comunidad autónoma de Catalunya.

En concreto, solicita que se identifique el “ordenante y destinatario, concepto en que se realizaron y destino actual de los fondos y, en su caso, aplicación de las respectivas cantidades de 58.250 euros (con destino a The Hague Centre for Strategic Studies) 61.450 euros (igual) y 20.000 euros con destino a la Delegación del Govern en Croacia”.

Testigos

En la providencia, el juez también ha acordado tomar declaración en calidad de testigos al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, encargado de la coordinación de los Mossos d’Esquadra, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil durante el referéndum del 1 de octubre, y a los consellers que renunciaron a sus cargos en julio Jordi Jané i Guasch, Neus Monté Fernández, Meritxel Ruiz Isern y Jordi Baiget i Cantons, así como la del exdirector general de los Mossos Albert Batlle i Bastardas. Pérez de los Cobos ha sido citado el 1 de febrero, los tres primeros exconsejeros, el 30 de enero, y los dos últimos lo harán el 31 de enero.

El juez también ha acordado pedir al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona copia de la agenda incautada en el registro practicado en el domicilio de Josep Maria Jové, así como el testimonio del contenido de dos llamadas telefónicas: una mantenida el 7 de agosto de 2017 entre él y Oriol Soler Castanys, y otra entre Carles Viver y Margarita Gil.

En su providencia, el juez requiere a la Guardia Civil que aporte elementos objetivos para acreditar una serie de declaraciones atribuidas a diferentes exdirigentes de la Generalitat y de la ANC y de Ómnium desde Carles Puigdemont, a Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Sànchez o Jordi Cuixart.