El juez José de la Mata ha acordado este lunes sentar en el banquillo al exdirgente del PP Juan Cotino y a otras 22 personas por montar una pelotazo con motivo de la visita del Papa a Valencia en 2006. Entre los acusados figura, además, del expresidente de las Cortes de Valencia, el exdirector de la televisión pública Pedro García Gimeno, varios altos cargos de la televisión pública valenciana así como los responsables del llamado " grupo Correa" Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez yJose Ramón Blanco Balín.

El juez les imputa nueve delitos: asociación ilícita, delito continuado de prevaricación, delito de malversación continuada de caudales públicos, delito de fraude a las administraciones públicas,delito continuado de falsedad documental cometido por funcionario, delito continuado de falsedad en documento mercantil, cinco delitos contra la Hacienda Pública, un delito continuado de blanqueo de capitales y un delito continuado de cohecho. El togado también les impone fianzas en concepto de responsabilidad civil que superan los 200 millones de euros.

LAS PENAS

El fiscal solicita 11 años de cárcel contra Cotino y 10 años de inhablitación tras afirmar que el que fuera director general de la policía "impulsó y gestionó" los actos de esta visita papal al adjudicar la colocación de pantallas gigantes y los servicios de megafonía a la la Televisión Valenciana que los subcontró a la empresa de construcción Teconsa (de Blanco Balín). La television pública facturó 7,2 millones de euros por estos servicios, una cantidad "desorbitada", según el ministerio público, de los que los principales implicados en esta trama se repartieron 3,8 millones de euros.

Las defensas disponen ahora de un plazo de 10 días para presentar sus escritos de defensa.

OTRAS CAUSAS

Por otra parte De la Mata remite a los juzgados de Valencia la investigación sobre las operaciones realizadas y los posibles delitos cometidos en las contrataciones de la Fundación V Encuentro Mundial de las familias desde su constitución, en enero de 2005 hasta su extinción en marzo de 2014. En línea con lo expuesto por la fiscalía, el juez considera que los hechos de esta pieza separada han sido cometidos en Valencia y carecen de conexión con el objeto de cualquiera de las demás piezas referidas.