La asociación de juristas catalanes Llibertats ha emitido un comunicado en el que afirma que "si el gobierno de España accediese a la petición de [Carles] Puigdemont de otorgarle garantías de no ser detenido", en el supuesto que regresase de Bruselas para ser investido, "podría incurrir en un delito de prevaricación administrativa y desobediencia".

Dichos juristas citan los artículos del código penal 404 y 410 para exigir al Gobierno que no dicte orden alguna a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para no cumplir la orden del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena de detención del 'expresident', en el caso que regrese a España para ser investido presencialmente en el Parlament.

No obstante, el abogado penalista Carles Monguilod afirma que dicho escenario podría evitarse, ya que el juez tiene la potestad de oficio de dejar sin efecto dicha orden. "Sin la necesidad si quiera de presencia de todas las partes, al igual que lo hizo con la orden internacional", por la que Puigdemont tuvo que personarse ante la justicia belga, afirma el penalista.

Uno de los argumentos del juez para exigir la detención del político independentista en Bruselas es el riesgo de reiteración delictiva, que, según Monguilod, "podría descartarse, sin necesidad de detención previa, con que Puigdemont se personase en una vista oral para jurar acatar la Constitución".

Versión que concuerda con la expresada por la catedrática de derecho constitucional de la UAB y coordinadora general del colectivo Praga, formado por juristas a favor del derecho a decidir, Mercè Barceló. "El Gobierno sólo tiene la obligación de detener a un diputado electo en caso de delito flagrante", afirma. Lo que, en su opinión, no encaja con la situación de Puigdemont.

La hipótesis de un regreso de Puigdemont previo pacto con el Estado la sostuvo Joan Maria Piqué, portavoz de Carles Puigdemont en Bruselas, recientemente en una entrevista en la BBC en la que aseguró que el 'expresident' de la Generalitat sólo volverá a Catalunya en caso de que el Estado garantice que no será arrestado "cuando ponga un pie" en el país. Algo que previamente también había afirmado el responsable de acción política del PDECat y diputado en el Congreso, Ferran Bel.