Nuevo capítulo en el carrusel de desencuentros entre Junts per Catalunya y ERC en la búsqueda del desbloqueo de la legislatura. Aunque las dos formaciones, que este viernes han retomado las negociaciones, afirman en público que las conversaciones son provechosas, el enfrentamiento privado sigue su curso: hoy no han sido capaces de pactar la propuesta de resolución que -aunque simbólicamente- debe servir para «restituir» a Carles Puigdemont y a su Gobierno. Como sucede de forma recurrente en la política catalana, el miedo a quedar ante la opinión pública como el responsable de una falta de acuerdo condiciona de manera determinante a los partidos independentistas.

El principal objetivo de la jornada era pactar esa propuesta de resolución. JxCat le da mucha importancia: la considera el «kilómetro cero» de la legislatura, y dicen que será una «proclamación política» que equiparan a la declaración de soberanía del 9-N de 2015. Aquel texto fue suspendido por el Tribunal Constitucional, y los negociadores de ambas formaciones están muy pendientes de que el nuevo documento no pueda ser impugnado.

ERC ha puesto dos líneas rojas que no piensa traspasar durante la negociación de un nuevo Govern. La primera: que el proceso no sirva para que otros dirigentes afronten consecuencias judiciales. La segunda: que debe haber un nuevo Ejecutivo cuanto antes, que pueda trabajar de manera efectiva desde el primer minuto. ¿Cómo encajan esas condiciones con la investidura de Puigdemont, que sigue en Bruselas y no parece que tenga previsto volver? Esa pregunta está en detrás de los enfrentamientos de estos días entre JxCat y los republicanos, porque aunque la candidatura del expresident ya se plantea en privado su relevo -más allá del papel que se le otorgue en su «exilio»-, en público sigue sosteniendo que Puigdemont es el único candidato.

Para hacerlo visible, ayer registraron en el Parlament una propuesta de reforma exprés de la ley de presidencia de la Generalitat con el objetivo de permitir una investidura a distancia de Puigdemont. JxCat la presentó en solitario, en otra muestra de la desconfianza entre los partidos independentistas, porque ERC tiene serias dudas de que se trate de algo más que un gesto de cara a la galería. El TC ya advirtió hace unos días de que el candidato a president debe estar físicamente en el Parlament.

La iniciativa de Junts per Sí persigue dar amparo a «la celebración de un debate de investidura sin la presencia o la intervención del candidato en caso de ausencia, enfermedad o impedimento». Pero además, busca modificar otro artículo de la ley, el 35, para permitir que Puigdemont pueda gobernar desde Bruselas una vez elegido. «Todos los órganos se pueden constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia», dice el nuevo texto propuesto.

Los republicanos no firmaron la proposición porque no le ven futuro. De hecho, fuentes de ERC denuncian que Junts per Catalunya -o al menos una parte de su grupo parlamentario- no quiere un acuerdo, sino forzarles a aceptar sus postulados y encaminar al Parlament hacia un bloqueo. Los republicanos no tienen dudas de que dentro de la formación de Puigdemont hay importantes voces que prefieren que se repitan las elecciones a dar comienzo a la legislatura.

En realidad, el movimiento de JxCat devuelve la pelota a Roger Torrent. En la reunión de la Mesa de la semana que viene el presidente del Parlament y sus compañeros deberán decidir si tramitan la modificación legal por la vía de urgencia. Torrent pidió «garantías» para investir a Puigdemont cuando aplazó la sesión el pasado 30 de enero, y JxCat entiende que se las está dando. Mientras, ERC reclama un pacto global.