La policía arrestó el lunes al dirigente de la oposición ecuatoguineana Severo Moto en Fuensalida (Toledo) por el delito de "tráfico de armas de guerra" con fines terroristas, informaron fuentes judiciales. Un portavoz del Gobierno de Guinea Ecuatorial en el exilio explicó que Moto había rechazado la acusación y que se consideraba objeto de "un montaje estrafalario".

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ordenó la detención de Moto después de que, en una operación policial, el 6 de marzo en Sagunto (Valencia), se localizaran un cetme, un mosquetón y una pistola en el maletero de un coche que iba a ser embarcado en un buque con destino a Malabo (Guinea Ecuatorial). Según fuentes judiciales, el destinatario en el país africano apareció en los últimos días con un tiro en la sien. Además de Moto, también hay otros dos detenidos, uno de los cuales era su chófer que, además, hacía tareas de guardaespaldas, informa Margarita Batallas. Esas fuentes aseguraron que fue esta persona quien delató a Moto. El juez decretó el secreto de sumario.

COMUNICADO DE MALABO Se da la circunstancia de que el pasado 12 de marzo el ministro portavoz del Gobierno de Guinea Ecuatorial, Santiago Nsobeya, emitió un comunicado que decía que ese mismo día los servicios de seguridad habían descubierto "un importante alijo de armas de guerra y cuantiosas municiones también de guerra en poder del ecuatoguineano Saturnino Nkogo Mbomio". Estas armas, según Malabo, habían sido "enviadas desde el Reino de España por el también ecuatoguineano Damián Motu Nguema, alias Mutti, por orden de Severo Moto, destinadas a crear una revuelta en el país que pudiera conllevar pérdidas de vidas humanas y bienes materiales".

En respuesta a estas acusaciones, el equipo de Moto aseguró que no había organizado "ningún golpe de Estado" y que las acusaciones del Gobierno de Guinea eran "un nuevo montaje" del presidente, Teodoro Obiang, para "asesinar en silencio a opositores incómodos en Guinea y para asustar y amenazar al resto de fuerzas políticas".

ASILO POLÍTICO El Gobierno español intentó quitarle el estatus de asilado político a Moto hace dos años, pero el 11 de marzo el Supremo anuló la decisión del Ejecutivo porque el informe presentado por el Centro Nacional de Inteligencia sobre sus actividades no probaba que constituyera "un peligro para la seguridad de España" y que tampoco existían pruebas de la implicación de Moto en el tráfico de armas ni en la contratación de mercenarios para promover un golpe de Estado en su país.