El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena no quiere que "el error de interpretación de las autoridades belgas", que este miércoles rechazaron las euroórdenes cursadas contra los 'exconsellers' Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig, sea un ejemplo para las autoridades alemanas y decidan aplicar el mismo criterio con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. Por eso, se ha apresurado a comunicar a la fiscalía germana que el auto de procesamiento es equiparable a una orden de detención y por tanto cumple los requisitos de la decisión marco que definió las órdenes europeas de detención y entrega (OED).

En una carta dirigida a la fiscal jefe del tribunal alemán que resolverá la entrega de Puigdemont, Llarena, como también ha hecho la defensa del 'expresident', aunque en distinto sentido, explica que Bélgica denegó la entrega de los 'exconsellers' que se encuentran en ese país, porque la euroorden cursada no mencionaba orden de detención previa a su emisión y no entendían que el auto de procesamiento es equiparable a esa orden de arresto.

El magistrado considera contrario al principio de confianza recíproca que se valore la naturaleza de resoluciones previstas en el ordenamiento jurídico español. De ahí que para "evitar alegatos de parte que puedan conducir al mismo error" ha procedido a informar a Alemania de que el auto de procesamiento es una de esas resoluciones judiciales que la decisión marco establece como la información que debe contener una OED. Añade que esa resolución prevé "la indicación de la existencia de una sentencia firme, de una orden de detención o de cualquier otra resolución judicial ejecutiva que tenga la misma fuerza".

El auto de procesamiento recogía los hechos y responsabilidades atribuidos a Puigemont, ya terminada la instrucción y acordaba su ingreso en prisión. En virtud de esa resolución añade que si Puigdemont fuera encontrado en España o se le entregara "sería inmediatamente detenido e ingresado en prisión".

La defensa de Puigdemont ya ha informado a las autoridades alemanas de la decisión adoptada ayer por Bélgica, aunque de momento no ha solicitado ninguna diligencia ni la modificación de las medidas impuestas al 'expresident'.