El fiscal general del Estado ha defendido su actuación frente a los procesos de investigación de casos de corrupción política durante su comparecencia ante la comisión de Justicia del Congreso. José Manuel Maza, que no ha hecho mención a ningún caso en concreto, se ha limitado a explicar durante su intervención las facultades que le son propias por el cargo y la posibilidad que tiene para dar instrucciones a los fiscales que estudian estos delitos.

"El fiscal general no puede renunciar a esta facultad, porque sería una dejación de funciones", ha asegurado. Ha insistido en la "imparcialidad" de su actuación "sea quien fuere la persona investigada". Maza ha dedicado todo su discurso a amparar las decisiones tomadas por la fiscalía general del Estado y ha insistido en que las acciones penales se ejercitan "sin atender a la condición o ideología de la persona investigada".

A petición del PSOE y Ciudadanos, la comparecencia parlamentaria de Maza se produce a raíz de la decisión de no apoyar la investigación contra el presidente de Murcia,Pedro Antonio Sánchez, frente al criterio de las dos fiscalas del'caso Púnica'. Sánchez, del PP, habría supuestamente elaborado, junto a otros miembros de esta trama, un “plan criminal” para“desviar fondos públicos” de la consejería autonómica de Educación, que ocupó durante un año hasta que alcanzó la presidencia, en julio del 2015. Con estos fondos, el dirigente conservador habría intentado mejorar su reputación en internet cara a su candidatura autonómica.

Maza basó su decisión contraria a investigar a Sánchez en losinformes de dos fiscales de Sala de la Secretaría General Técnica y de los fiscales de Sala del Tribunal Supremo. En un giro absolutamente inusual, fue el propio Sánchez quien reveló este extremo, antes de que trascendiera de forma oficial. El presidente de Murcia señaló en una entrevista radiofónica que contaba con el apoyo de “cuatro fiscales del Supremo”, algo que incluso transmitió después el Ejecutivo murciano a través de una nota de prensa.

El actual fiscal general del Estado, que este mes ha concedido las principales jefaturas del ministerio público a profesionales del sector conservador, fue nombrado por el Gobierno central el pasado noviembre, en sustitución de Consuelo Madrigal. Según ‘El Mundo’, el Ejecutivo rechazó mantener a Madrigal tras comprobar que no estaba dispuesta a aceptar algunos cambios en la cúpula de la fiscalía.