El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha fallecido este sábado tras ingresar en un hospital de Buenos Aires (Argentina) en estado grave debido a un "proceso de infección" que le ha afectado en el riñón, según han confirmado fuentes del ministerio público.
Maza se encontraba en la asamblea general de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), donde ha sido nombrado nuevo secretario ejecutivo de la organización, cuando se sintió indispuesto y avisó de que llevaba dos días con fiebre y se ausentó del encuentro para descansar en su hotel. Los médicos le aconsejaron entonces su ingreso hospitalario inminente y permaneció desde este viernes en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).
El fiscal, de 66 años, ha estado acompañado por su esposa, el embajador de España en el país sudamericano, Javier Sandomingo y la fiscal de cooperación internacional, Rosana Moran.
Su última aparición pública fue el pasado 30 de octubre para informar de que la fiscalía había presentado dos querellas, una ante el Tribunal Supremo y otra ante la Audiencia Nacional, por rebelión, sedición, malversación, desobediencia y prevaricación contra el Govern de la Generalitat cesado y contra los miembros soberanistas de la Mesa del Parlament.
Sus desafíos al mando del ministerio público
Miembro de la carrera judicial desde el 1975, y de la fiscal desde el 1978, fue designado fiscal general del Estado en noviembre del año pasado, cargo al que accedió tras abandonar su posición en la sala segunda del Tribunal Supremo. Su trayectoria al mando del ministerio público está teñida por su ofensiva judicial para frenar el desafío soberanista y por el fiasco en el nombramiento de Manuel Moix como fiscal jefe Anticorrupción, al que salió a defender públicamente tras conocerse que posee el 25% de una sociedad radicada en Panamá cuya única propiedad es un chalet en España, en el municipio madrileño de Collado Villalba, valorado en 550.000 euros.
El Congreso de los Diputados aprobó con una amplia mayoría una moción del grupo socialista que reclamaba su destitución al frente del ministerio público, así como la de Moix, y reprobaba al ministro de Justicia, Rafael Catalá, hombre de su confianza, por su falta de explicaciones y de investigación sobre sus lazos con implicados en la 'Operación Lezo' y sus "injerencias" para "entorpecer" la acción de la justicia en otras causas que salpican al PP. Eso sí, la decisión de la Cámara baja no es vinculante y Maza aseguró "que no le generaba incomodidad".
Sobre el 'procés', Maza siempre se ha mostrado convencido de que el referéndum del 1-O fue un "levantamiento violento alentado por los querellados" y fue duramente criticado por declarar ante los medios que los miembros del Govern cesado podrían haber evitado la prisión incondicional "si hubieran dicho que aceptaban la Constitución y que dejaban de estar en la línea delictiva".
