Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional están registrando desde primera hora de la mañana el Ayuntamiento de Sagunto (Valencia) y otras dependencias municipales en busca de pruebas en el marco una nueva operación judicial por otro posible caso de corrupción del PP. La investigación afectaría a la etapa como alcalde del popular Alfredo Castelló, que hoy es diputado autonómico y, por tanto, aforado.
Mientras los agentes registraban y requerían documentación y diversas facturas en el consistorio que gobernó entre el 2007 y el 2014, Castelló subió a la tribuna de las Corts Valencianes para defender la posición de su grupo en la ley de incompatibilidades. Eso sí, ni él ni la presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, han hecho aún declaraciones sobre este asunto.
En paralelo, este miércoles se celebra el primer pleno en el que el asiento de Miguel Domínguez, exconcejal del Ayuntamiento de Valencia junto a Rita Barberá y ahora diputado autonómico, ya no está en la bancada popular, sino en la zona de no adscritos. Domínguez pidió la baja del grupo tras haber sido citado como investigado la semana pasada por el caso del posible blanqueo de dinero para financiar la campaña de la exalcaldesa en el 2015, unas pesquisas que se incluyen dentro del ‘caso Imelsa’.
