El Parlamento andaluz investigará el fraude de los cursos de formación

Tras un tira y afloja, durante el que el PSOE se mostró reacio a su puesta en marcha y abogó por intentar convencer al resto de formaciones de que la comisión no era necesaria debido al esfuerzo de la administración regional por revisar los expedientes de ayuda. El propio portavoz socialista, Mario Jiméez, insistía hoy en que "siempre hemos dicho que ante eso no es necesario activar una comisión de investigación porque los tribunales están investigando y el Parlamento, de manera continuada, se está informando y compartiéndolo con los grupos. Creemos que no tiene sentido", al tiempo que atacaba el "seguidismo" de los partidos de la oposición a la "estrategia electoral y la estratagema política" del PP.

Los socialistas finalmente han aceptado dar su apoyo a que se lleve a cabo la decisión, que ha sido adoptada por la Mesa del Parlamento en su reunión de este miércoles y será refrendada por la Junta de Portavoces que convocará el pleno para los día 9 y 10 de septiembre. Una vez que se apruebe su creación la próxima semana, los grupos deberán elegir los miembros que participarán en la misma, quién ostentará la presidencia y sobre todo, el calendario de trabajo y comparecencias. Todo apunta a que las sesiones comenzarán en el mes de octubre y se prolongarán durante varias semanas, marcando así la precampaña del PSOE para las elecciones generales.

La Cmara andaluza parece haber cogido el truco a las comisiones de investigación, y tras un parón de casi 14 años, el Parlamento regional aprobará la próxima semana la segunda en tres años. Tras la dedicada a la fraude de los ERE, ahora le toca el turno a la que deberá profundizar en el mal uso del dinero destinado a los cursos de formación para el empleo. Un supuesto fraude ya investigado por la justicia y que ascendería de momento a casi 71 millones de euros. Esa es la cifra que, según el rastreo interno realizado por la Junta de Andalucía, no ha sido suficientemente justificada por las empresas beneficiarias.

Tras un tira y afloja, durante el que el PSOE se mostró reacio a su puesta en marcha y abogó por intentar convencer al resto de formaciones de que la comisión no era necesaria debido al esfuerzo de la administración regional por revisar los expedientes de ayuda. El propio portavoz socialista, Mario Jiméez, insistía hoy en que "siempre hemos dicho que ante eso no es necesario activar una comisión de investigación porque los tribunales están investigando y el Parlamento, de manera continuada, se está informando y compartiéndolo con los grupos. Creemos que no tiene sentido", al tiempo que atacaba el "seguidismo" de los partidos de la oposición a la "estrategia electoral y la estratagema política" del PP.

Los socialistas finalmente han aceptado dar su apoyo a que se lleve a cabo la decisión, que ha sido adoptada por la Mesa del Parlamento en su reunión de este miércoles y será refrendada por la Junta de Portavoces que convocará el pleno para los día 9 y 10 de septiembre. Una vez que se apruebe su creación la próxima semana, los grupos deberán elegir los miembros que participarán en la misma, quién ostentará la presidencia y sobre todo, el calendario de trabajo y comparecencias. Todo apunta a que las sesiones comenzarán en el mes de octubre y se prolongarán durante varias semanas, marcando así la precampaña del PSOE para las elecciones generales.

POSIBLE COMPARECENCIA DE SUSANA DÍAZ

El primer paso para que la comisión empiece a andar será ponerse de acuerdo acerca de qué propuesta de creación se escoge como marco, si la del PP, que clama por citar a declarar a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, o la de Ciudadanos (C's), que aspira a presidir la comisión al entender que tanto PSOE como PP "tienen mucho que callar en temas de corrupción política en este país", y que han sido ellos los que impulsaron un pacto por la regeneración democrática que los populares "no han firmado en Andalucía y sí en Madrid".

Su líder, Juan Marín, ya ha asegurado que no descarta ninguna comparecencia, incluida la de Díaz. Sin embargo, los populares recelan de que sea el partido naranja quien presida la comisión, dado que al haber sido la fuerza que facilitó con su apoyo la investidura de Díaz, temen que pueda convertirse durante dicha comisión en "un agente secreto para minimizar los daños en el PSOE". IU, por su parte, considera que ambas propuestas son idénticas, por lo que apoyará ambas.Una vez que se apruebe su creación la próxima semana, los grupos deberán elegir los miembros que participarán en la misma, quién ostentará la presidencia y sobre todo, el calendario de trabajo y comparecencias.

El primer paso para que la comisión empiece a andar será ponerse de acuerdo acerca de qué propuesta de creación se escoge como marco, si la del PP, que clama por citar a declarar a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, o la de Ciudadanos (C's), que aspira a presidir la comisión al entender que tanto PSOE como PP "tienen mucho que callar en temas de corrupción política en este país", y que han sido ellos los que impulsaron un pacto por la regeneración democrática que los populares "no han firmado en Andalucía y sí en Madrid".

Su líder, Juan Marín, ya ha asegurado que no descarta ninguna comparecencia, incluida la de Díaz. Sin embargo, los populares recelan de que sea el partido naranja quien presida la comisión, dado que al haber sido la fuerza que facilitó con su apoyo la investidura de Díaz, temen que pueda convertirse durante dicha comisión en "un agente secreto para minimizar los daños en el PSOE". IU, por su parte, considera que ambas propuestas son idénticas, por lo que apoyará ambas.Una vez que se apruebe su creación la próxima semana, los grupos deberán elegir los miembros que participarán en la misma, quién ostentará la presidencia y sobre todo, el calendario de trabajo y comparecencias.