"Difícil no es imposible". La sentencia es de Pedro Sánchez. La dio como respuesta a las dificultades que tendrá para que el Congreso apruebe la senda de déficit en septiembre, después de que sus socios en la moción de censura se abstuviesen este julio y le obligasen a repetir el examen a la vuelta de vacaciones. El presidente del Gobierno destila cierto optimismo en ganar la votación a pesar de que, en público, no se ha reconocido ningún avance. "Un jugador no puede salir al partido pensando que va a perder", insiste Sánchez, sin dar pista alguna de cómo han avanzado las conversaciones para sostener ese posibilismo.
Fuentes conocedoras de las conversaciones explican a EL PERIÓDICO en qué consisten los "avances políticos" que el PDECat ha planteado para cambiar su abstención por el 'sí'. Los posconvergentes quieren que el Gobierno exprese públicamente su "preferencia" porque los presos independentistas salgan en libertad, que la Fiscalía adopte una "posición diferente" respecto a estos dirigentes, y que se abra alguna investigación para determinar eventuales responsabilidades por las cargas policiales del 1-O.
El PDECat quiere evitar que la Fiscalía se vuelva a oponer a la puesta en libertad de los dirigentes independentistas antes de que arranque el juicio a finales de año. Hasta ahora, la llegada de la nueva fiscal general del Estado a propuesta socialista, María José Segarra, no ha hecho que el ministerio público cambiara el criterio que mantiene desde el principio en esta causa. El grupo catalán quiere que el Gobierno trabaje en esa dirección. Hasta ahora Sánchez se ha abierto a gestos como el acercamiento de los presos a cárceles catalanas, pero la posición de la Fiscalía no ha variado.
Proporcionalidad o no
El Ejecutivo, sin embargo, descarta volver a la vía judicial en Catalunya y ha comenzado a expresar en público un distanciamiento del criterio del ministerio público. El mismo día en que el Congreso sometía a votación la senda de déficit, el pasado 27 de junio, antes de comenzar el pleno, la delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera, señalaba que le gustaría que los políticos independentistas no estuvieran en prisión preventiva. "Me gustaría, sí, porque llevan mucho tiempo, pero el juez tendrá sus razones. Desde el punto de vista afectivo y familiar es una cosa pesada, claro que sí, y cómo no va a haber compresión humana, pero una cosa es la humanidad que uno pueda sentir y otra es la justicia", señaló en una entrevista en la Cadena Ser.
Mientras Cunillera hablaba, Unidos Podemos anunció su abstención. Esa decisión convertía en improductivo cualquier otro voto a favor, porque sin los morados no salían los números. Escasos minutos después de que los de Pablo Iglesias se pronunciasen, el PDECat, ERC y Compromís anunciaban su abstención.
Esa misma tarde de julio, también en el Congreso, la nueva fiscal general del Estado se comprometía a investigar si se deben señalar responsabilidades en las cargas policiales del 1-O. "El uso de la fuerza puede revestir parámetros de proporcionalidad, pero eso no implica que no se investigue y no se vayan a analizar todos y cada uno de los innumerables procedimientos de los juzgados de Catalunya para verificar si hubo uso de la fuerza proporcionado o desproporcionado", señaló en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja.
No es baladí que en octubre, solo tres días después de las cargas policiales, el PSOE pidiese en el Congreso la reprobación de la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, por su responsabilidad al frente del operativo. La entonces portavoz de los socialistas y actual ministra de Defensa, Margarita Robles, sostuvo que Santamaría dio "instrucciones políticas" para que los agentes ejercieran el uso de la fuerza para impedir la consulta separatista. La iniciativa, sin embargo, no llegó a tramitarse.
Esperanzas dentro de la prudencia
Las declaraciones de Cunillera sobre los presos y de la fiscal sobre el 1-O no sirvieron para salvar la votación de la senda de déficit en junio pero no cayeron en saco roto. Los posconvergentes, aunque se autoimponen prudencia, albergan esperanzas de que las negociaciones fructifiquen y aprecian cierta sintonía en las conversaciones con el Ejecutivo y en las declaraciones de destacados dirigentes socialistas.
Fuentes del PDECat explican que las reclamaciones se han planteado en varios foros, entre ellos en una conversación con la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en el marco de las negociaciones de la senda de déficit en el Congreso.
El jefe del Ejecutivo ha confirmado que en septiembre volverá a presentar los mismos objetivos de déficit que en junio, de modo que si no hay variaciones y el examen es el mismo la clave para el desbloqueo radica en las negociaciones al margen de la senda.
Otra gran reclamación compartida por PDECat, ERC, Unidos Podemos y Compromís es que el Gobierno modifique la Ley de Estabilidad para revertir el cambio introducido por el PP que otorga al Senado (con mayoría absoluta conservadora) la última palabra en los objetivos de déficit. Los socios de Sánchez le piden que devuelva esa potestad al Congreso. De hecho, los morados desarrollan esa reclamación en un documento que han enviado al presidente y a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para negociar su respaldo a la senda de déficit en septiembre, algo que está ahora más cerca, después de que el Gobierno se haya mostrado dispuesto a una subida de impuestos para la banca y las grandes empresas. Para el líder del PP, Pablo Casado, cargó este jueves contra esta medida fiscal. "La izquierda radical sube los impuestos. La cabra siempre tira al monte", dijo.
