La petición de indulto para el expresidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial Carlos Fabra, para la que se están recogiendo firmas, podría retrasar su ingreso en prisión para cumplir la condena a cuatro años de cárcel dictada por la Audiencia y confirmada por el Supremo. Según fuentes cercanas a la familia de Carlos Fabra consultadas por EFE, la petición de indulto conocida desde ayer habría surgido de su entorno más cercano.

Tras conocer el fallo de la Audiencia Provincial de Castellón el pasado 26 de noviembre, que le condenaba a cuatro años de prisión por cuatro delitos contra la Hacienda Pública, Fabra anunció que no iba a solicitar el indulto al Gobierno central, pero ayer se conoció que se estaban recogiendo firmas para ello.

El actual presidente del PP de Castellón, Javier Moliner, aseguró ayer tajantemente que "ningún dirigente del PP provincial" iba a firmar esa petición, al considerar que "no cabe, ni debe caber que políticos puedan indultar a políticos ni que un Gobierno pueda indultar a políticos que hayan sido condenados por sentencias firmes". Las fuentes consultadas hoy por EFE han explicado que han sido familiares y allegados quienes han iniciado la petición de firmas que se trasladará al Gobierno central.

Asimismo han indicado que Carlos Fabra también presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, tal y como anunció el año pasado, aunque esta petición no interferiría si se ordena el ingreso en prisión del mismo por la Audiencia Provincial. En cuanto al indulto, mientras se recogen las firmas, el representante legal de Fabra solicitará a la Audiencia Provincial de Castellón una suspensión temporal de la ejecución de la pena mientras el Gobierno central se pronuncia sobre la medida de gracia.

Fuentes judiciales consultadas por EFE han explicado que esta medida temporal se suele conceder por el juzgado mientras el Gobierno se pronuncia, siempre que no se trate de un delito de sangre.

Esto supondría un retraso en el ingreso en prisión, que duraría en función del tiempo en el que se pronuncie el Gobierno sobre la petición, y que se verá influido también por la inactividad del mes de agosto del Congreso de los Diputados.