Las reacciones de los partidos a la sentencia del 9-N oscilaron este lunes entre los que se escandalizaron de que la “judicialización” del proceso acabe con la inhabilitación de un expresident, Artur Mas, y de las exconselleras Irene Rigau y Joana Ortega, de un lado, y quienes celebraron, en el otro extremo, que en España funcione el “Estado de Derecho” y “quien la hace, la pague”.

En el primer bloque, a nivel nacional destacó Podemos, cuyo líder, Pablo Iglesias, expresó en las redes sociales su “vergüenza” porque se condene a Mas por “poner las urnas”. Eso sí, junto a Íñigo Errejón y Pablo Echenique pidió que el “heredero del pujolismo” responda “por la corrupción” en CDC, que estos días está poniendo de manifiesto los juicios a los ‘casos Palau’ y ‘Pretoria’ y el sumario del 3%.

Del otro lado, el Gobierno, para no enturbiar la llamada ‘operación diálogo’, prefirió mantener la prudencia y, a través de fuentes gubernamentales, solo reclamó el “máximo respeto” para la justicia. Además el PP dijo querer huir de la “provocación” y tras expresiones como que “la justicia pone a cada uno en su sitio” y “nadie está por encima de la ley”, su portavoz, Pablo Casado, aclaró que este lunes no es un día “de alegría” para los populares sino de “tristeza”. Eso sí, subrayó que les “tranquiliza” que la “justicia funcione” y se demuestre que en España no existe “la impunidad”.

Casado no hizo ninguna reflexión sobre cómo resolver el desafío independentista en el futuro más allá de garantizar que el Gobierno va a seguir defendiendo a los catalanes que se sienten españoles y catalanes al mismo tiempo y va a hacer cumplir la ley, impidiendo la celebración de un referéndum de autodeterminación.

Por parte del PSOE, Antonio Hernando puso el acento en que la sentencia es “benévola” si se tiene en cuenta la petición inicial del fiscal, diez años de inhabilitación, y consideró el fallo una “consecuencia lógica del incumplimiento y la desobediencia al Tribunal Constitucional y las reglas del juego”.

En la misma línea, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, interpretó la resolución judicial como una muestra de que los “políticos no están por encima de la ley”.

LAS REACCIONES CATALANAS

En Cataluña los partidos también se dividieron en dos bloques, pero no con proporciones equiparables. El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, tachó la sentencia de indigna y antidemocrática y aseguró que la acción judicial “no podrá parar el proceso”. Más allá fue la CUP quien hizo un llamamiento a desacatar un fallo “político” y a celebrar un referéndum “unilateral”.

Desde el territorio de los comuns, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, aseguró en Twitter que “judicializar un conflicto político es enquistarlo” y el secretario general de Podem, Albano-Dante Fachín, consideró el proceso judicial al 9-N como una “grave carencia democrática”.

En el otro lado, C’s advirtió al Govern que no se puede convocar otra consulta y el PSC celebró que la pena sea la mínima prevista. Por último, el PPC se congratuló que “quien la hace, la paga”.