Agentes de la Policía Nacional han detenido a quince personas en Córdoba y han desarticulado una organización criminal dedicada a introducir ilegalmente en España a ciudadanos marroquíes. La Policía ha informado en un comunicado de que las personas introducidas de forma irregular eran retenidas en "pisos patera" hasta que sus familiares hicieran efectivo el pago de la deuda contraída con la organización.

Los cabecillas de la red ofrecían cruzar la frontera de manera irregular a cambio de 6.000 euros, acordando que el pago se haría efectivo cuando la víctima estuviera en territorio español. También se dedicaban a concertar matrimonios de conveniencia entre marroquíes en situación irregular y españolas con la consiguiente falsificación de documentos para normalizar su situación.

Las investigaciones se iniciaron cuando una de las personas retenidas consiguió escapar y declaró que fue captado en la ciudad marroquí de Tánger por otro compatriota, el cual le ofreció cruzar la frontera de manera irregular en dirección a España a cambio de 6.000 euros.

Para poder cruzar la frontera sin ser descubierto lo introdujeron oculto en un camión en el puerto de Tánger con destino Algeciras (Cádiz) y una vez en la península lo trasladaron a un piso de la provincia de Córdoba. En ese domicilio estuvo encerrado en una habitación, durmiendo en un colchón en el suelo y siendo escasamente alimentado por los captores, quienes le exigieron otros 5.000 euros más de lo pactado.

Durante el tiempo que estuvo en el piso fue agredido continuamente con golpes en todo el cuerpo, cortes de cuchillo en las manos y amenazado de muerte si no accedía a las pretensiones de su captores.

En el transcurso de la investigación se consiguió identificar a uno de los individuos que presuntamente había participado en tales hechos delictivos y se averiguó que la red pretendía traer a otras dos personas de forma irregular.

Además, fueron identificados otros miembros de la red dedicados a concertar matrimonios de conveniencia entre ciudadanos marroquíes que se encontraban fuera de España y mujeres españolas, por los que cobraban unos 10.000 euros, aproximadamente.

Los miembros de la red falsificaban documentos como certificados de parejas de hecho, certificados de empadronamiento, así como altas fraudulentas en empresas ficticias creadas por los detenidos.

Con esos mismos contratos ficticios intentaban conseguir también prestaciones públicas por desempleo y subvenciones irregulares. Además de las quince detenciones, también se realizaron tres registros en diferentes puntos de la provincia de Córdoba en los que se intervino una gran cantidad de documentación relacionada con las falsedades documentales.