El PP ha activado este miércoles en el Congreso su anunciada reforma electoral para primar a la lista más votada en las elecciones locales. Los populares han solicitado la creación de una subcomisión parlamentaria para que estudie su propuesta, que pasaría por celebrar una segunda vuelta en determinados supuestos. Toda la oposición rechaza esta iniciativa.

La propuesta del PP consiste en una reforma del artículo 180 de la ley orgánica de régimen electoral general. En aquellos casos en los que la candidatura ganadora en un municipio obtuviese más de un 35% de apoyos y cinco puntos de diferencia sobre el segundo, o bien más de un 30% de apoyos y diez puntos de distancia respecto a su inmediato competidor, obtendría automáticamente la mitad más uno de los puestos en el Ayuntamiento. Si no se dieran estas condiciones, se celebraría una segunda vuelta a la que se podrían presentar todas las fuerzas que hubiesen obtenido más de un 15% de apoyos. La prima de mayoría se aplicaría esta vez a la lista que consiguiera un 40% de los votos o bien siete puntos de diferencia sobre la segunda.

DEMOCRACIA Y DESPACHOS

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha relacionado su iniciativa con lo ocurrido tras las elecciones del pasado 24 de mayo, que desalojaron al PP, pese a ser la lista más votada, de multitud de ciudades gracias a los pactos en la izquierda. “Se han producido en muchos casos acuerdos ajenos a la voluntad expresada por los propios vecinos. Hay alcaldes que han sido elegidos mediante pactos forjados en los despachos. Quien está gobernando no es quien ha ganado, sino quien ha perdido. El objetivo es reforzar la voluntad popular y la democracia directa en contra de la voluntad de los despachos, donde se han hecho coaliciones de espaldas a los vecinos”, ha señalado.

Pero el PP da por hecho que, pese a su mayoría absoluta, no tendrá tiempo para aprobar esta reforma, ya que las elecciones generales se celebrarán en noviembre o diciembre. Su objetivo es otro. “Vamos a comprobar la posición de cada uno de los grupos”, ha dicho Hernando.

En especial la del PSOE, beneficiado de estas alianzas con otros partidos o candidaturas de izquierda. Los socialistas llevaron una propuesta similar hace más de 10 años, en su programa electoral del 2004, y la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, propuso a finales de abril un sistema parecido al que abandera el PP, pero aplicado no solo a los alcaldes sino también a los presidentes autonómicos. El PSOE, sin embargo, dice que un debate de esta envergadura no se puede abordar a “tres meses de las generales” y reclama aparcarlo hasta después de esos comicios y ampliar el foco para que las posibles modificaciones no solo afecten a la lista más votada en las elecciones locales.

“El PP ha entrado en modo pánico, con muy poco rigor. Una iniciativa de este tipo debe ir siempre acompañada del consenso”, ha señalado el secretario de Política Federal de los socialistas, Antonio Pradas, quien ha reconocido que “abrir este debate es abrir también el debate de la legitimidad de los gobiernos municipales recién constituidos”. Desde la Izquierda Plural, su portavoz, José Luis Centella, ha calificado la propuesta de “tropelía parlamentaria”.

“Si el PSOE ha cambiado de opinión, tiene que decir por qué. Entiendo que al PSOE no le guste, porque ha obtenido el peor resultado de su historia y dice que ha ganado. Al PSOE no le gusta este debate porque pone en evidencia que han favorecido una coalición de perdedores y que la democracia ha sido la última de sus prioridades”, ha argumentado Hernando.