El Gobierno prepara una reforma de la ley que regula el Tribunal Constitucional (TC) para dotar a este organismo de capacidad sancionadora contra quien vulnere la legalidad y no acate las sentencias. El anuncio lo ha hecho en Madrid, a diez días del inicio de la campaña del 27-S, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, que ha comparecido en rueda de prensa junto al candidato del PPC a las elecciones catalanas, Xavier García Albiol.
En alusión directa al plan soberanista del 'president' Artur Mas, Albiol ha proclamado: "La broma se ha terminado". El candidato popular ve en la propuesta "la evidencia" de que "nadie va a proclamar la independencia de Cataluña".
"Hemos visto situaciones de desacato y esto se tiene que acabar", ha señalado Hernando en la rueda de prensa. La reforma establece, según el texto de la proposición, "un régimen específico para los supuestos de incumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional". "En estos casos", añade, "el Tribunal solicitará un informe" y "podrá imponer multas coercitivas, acordar la suspensión a las autoridades o empleados públicos responsables del incumplimiento o encomendar al Gobierno de la Nación, aun en funciones, la ejecución sustitutoria". "Todo ello", subraya, "sin perjuicio de que puedan exigirse las responsabilidades penales que correspondan".
