Una vez más los diputados del PP se han vuelto a quedar solos en la aprobación de la reforma del Código Penal en el Congreso de los Diputados. Con la oposición en bloque en contra, el partido en el Gobierno saca adelante este proyecto de ley, que incluye la pena de cadena perpetua revisable a los 25 años para los delitos más graves. Este punto es el que ha generado más críticas entre el resto de fuerzas, que se oponen a la medida porque consideran que, de la forma que está planteada, no existe posibilidad real de revisar la condena y es solo una decisión "populista" en un año electoral.

El PSOE considera que la cadena perpetua va en contra del espíritu de la Constitución, que establece en su artículo 25.2 el principio de reinserción de los penados. El portavoz socialista Julio Villarubia ha calificado esta reforma de "vergüenza" y ha explicado que en España ya existen penas de hasta 40 años de prisión. Los socialistas consideran que el nuevo texto endurece las penas para delitos comunes y, sin embargo, no tiene la dureza necesaria contra la corrupción política.

CiU ha mostrado su rechazo total a una modificación del Código Penal y su portavoz, Montserrat Surroca, ha cargado contra el PP al decir que es "falso que se consiga mayor justicia". El grupo más crítico ha sido el de Izquierda Plural, que considera este proyecto de ley una "contrarreforma" por la introducción de "una cadena perpetua inhumana" en ningún momento orientada a la reinserción social que establece la Constitución. Para ERC, el nuevo Código Penal demuestra que "la justicia no es igual para todos".

La reforma aprobada introduce la tipificación del delito de financiación ilegal de los partidos políticos, establece en 16 años la edad mínima para el consentimiento de relaciones sexuales de un menor con un adulto, y pena por primera vez la zoofilia y el abandono animal.

FINANCIACIÓN DE PARTIDOS

El pleno de la Cámara baja también ha dado luz verde al dictamen sobre la financiación de partidos políticos, una norma que pretende hacer más transparentes las cuentas de las fuerzas y evitar casos de corrupción. La mayor parte de la oposición considera que la fórmula planteada por el PP resulta insuficiente y permite a los corruptos eludir las penas más graves. El PSOE se ha abstenido en la votación y CiU considera que supone un avance importante, pero que no aborda una cuestión clave como es la financiación mixta -pública y privada- de los partidos.

El PP ha defendido que la nueva norma pone a la corrupción política contra las cuerdas. El texto ha tenido el refrendo de los partidos nacionalistas y el PP. Los socialistas finalmente se han abstenido.