Los tambores de guerra entre el PP y Ciudadanos empezaron a sonar tras las elecciones al Parlament del 21-D, pero la primera batalla comenzó a librarse ayer en el Senado y continuará en el Congreso. Ambas fuerzas políticas están determinadas a usar las comisiones de investigación abiertas en Parlamento para endosarse mutuamente la cruz de la financiación irregular, en un contexto pugna sin cuartel por los votantes del centroderecha.

Los conservadores llamaron a declarar a críticos del partido naranja a la Cámara alta y los neoliberales contratacaron con el registro de comparecencia en el Congreso del exconsejero del PP Francisco Granados, que el lunes situó a la presidenta madrileña Cristina Cifuentes dentro de la trama de corrupción.

Al final del primer asalto, en el Senado, los populares dieron por acreditado ayer que la formación naranja «se dopó» al nutrirse ilícitamente con parte de las subvenciones públicas que reciben sus grupos municipales. Lo consideran «comprobado» tras llamar a declarar a exmilitantes críticos, excolaboradores del partido y periodistas. Ciudadanos lo niega, recuerda que la fiscalía archivó el caso y cree que son solo venganzas de resentidos.

En el PP desoyen esos desmentidos. Tiran del hilo del informe del Tribunal de Cuentas que se niega a avalar las cuentas de Ciudadanos del 2015. Entre otros reproches, el órgano fiscalizador señala que hay «servicios de asesoría» al grupo parlamentario de Cataluña sin «justificación documental».

Los representantes de la Plataforma por las Garantías Ciudadanas sostuvieron en la comisión de investigación que la cúpula del partido es el cerebro de la «financiación irregular». Rivera, el vicesecretario general, José Manuel Villegas; el portavoz en el Parlament, Carlos Carrizosa; el secretario de Finanzas, Carlos Cuadrado, y el secretario de Comunicación, Fernando de Páramo --aseguran-, decidieron que el partido se quedase con un porcentaje de las asignaciones públicas que reciben sus grupos municipales y provinciales.

¿Cómo? A través de una cuenta, en el Banco Popular, en la que figuran como apoderados Villegas y Cuadrado. Todas las subvenciones se ingresarían en esa cuenta y solo se transferiría una parte a los grupos, de forma que el partido se quedaría con un «remanente». «Nadie sabe qué ha pasado con ese dinero», planteó Alberto Ganga, abogado de la plataforma. Según denuncia, es falso el argumento del partido de Ciudadanos de que ese dinero se destina a asesorías para los grupos municipales. Alega que, «como en el caso Nóos», esos informes no existen.

«Se ha comprobado la financiación privada de un partido político con medios públicos», zanjó en senador popular Luis Aznar. Los críticos también acusan a la cúpula de la formación de Rivera de mercadear con las candidaturas y de garantizar los puestos de salida en las listas al mejor postor. Aseguran, por ejemplo, que en Fuenlabrada y San Sebastián de los Reyes los interesados en encabezar la candidatura habrían pagado entre 11.000 y 18.000 euros.

CONGRESO Y SENADO / Villegas lo negó. Recordó que la fiscalía archivó la denuncia hace año y medio. Al final de la tarde, tras todo el día recibiendo golpes del PP, Ciudadanos contratacó y pidió comparecencia de Granados, exdirigente y exconsejero del PP de Esperanza Aguirre, en el Congreso. En la Cámara alta, los populares dominan la comisión de investigación gracias a su mayoría absoluta y tratan de poner contra las cuerdas a Ciudadanos. En la baja, la oposición abrió el año pasado el órgano que fiscaliza las cuentas del PP y que ahora Rivera usa en su lucha contra los populares. En la práctica, el Parlamento queda como campo de batalla por el voto de centroderecha.