Apenas nueve meses después de perder el poder en un Ayuntamiento que presidió Rita Barberá 24 años, el PP valenciano afronta una catarsis y una previsible refundación aunque previo paso por el juzgado, donde desde el lunes responderán concejales y exconcejales por el supuesto blanqueo de 50.000 euros.
La práctica totalidad del PP de la ciudad de Valencia, incluidos exconcejales y personal de confianza, deberá comparecer a partir del lunes en el juzgado para declarar por la supuesta devolución (en dos billetes de 500 euros) de donaciones al partido de 1.000 euros antes de las elecciones del 24 de mayo.
Este presunto delito de blanqueo es sólo una parte -será también una pieza judicial separada- del conocido como caso Imelsa, en el que se investiga una trama de comisiones ilegales en torno a esta empresa pública, dependiente de la Diputación de Valencia.
Las confesiones que desde el pasado mayo ofrece el "arrepentido" exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, a la Guardia Civil derivaron el pasado 26 de enero en la detención del expresidente de la Diputación de Valencia y expresidente provincial del PP, Alfonso Rus, el rostro más conocido y mediático de los 24 detenidos en esta operación.
Sin embargo, el reconocimiento explícito del supuesto blanqueo de capitales en el seno del PP de la capital valenciana por parte de cuatro exasesores y su contundente testimonio han situado las presuntas corruptelas de la Diputación, de mucho mayor calado económico que el blanqueo, en un segundo plano.
La rapidez de la instrucción, fruto de la estrecha colaboración entre la UCO y el juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, se está convirtiendo en un cerco a la exalcaldesa Rita Barberá que no está jurídicamente investigada (imputada) y goza de aforamiento por ser senadora territorial, pero que ha perdido el respaldo, al menos en público, de la cúpula de su partido.
La conexión entre los negocios turbios en el seno de Imelsa y el Ayuntamiento de Valencia, han explicado a Efe fuentes de la investigación, se estableció a raíz de unas conversaciones entre Benavent y la exconcejala María José Alcón (esposa del ex vicealcalde Alfonso Grau, procesado en el caso Nóos) sobre un supuesto contrato amañado.
La detección, por parte de la UCO, de un supuesto delito de blanqueo ha sido consecuencia del seguimiento del rastro del dinero.
El 'modus operandi' del presunto amaño de contratos en el Consistorio valenciano, con el que los implicados obtenían sustanciosas mordidas, es similar en ambas administraciones, según las mismas fuentes, aunque es previsible que, al menos hasta el próximo día 18, el foco esté puesto en las declaraciones de los investigados por blanqueo.
Se trata de un asunto tangencial al de las mordidas en Imelsa y otras empresas públicas, pero que los investigadores tienen bien apuntalado y al que se pretende dar una rápida instrucción.
En apenas diez días pasarán por la Ciudad de la Justicia de Valencia ocho de los diez actuales concejales, todos ellos investigados (ya declaró el hasta ahora portavoz y presidente del partido en Valencia, Alfonso Novo, y queda fuera de la investigación el independiente Eusebio Monzó).
En total, constan como investigados 17 concejales y exconcejales y 21 asesores y exasesores del PP de Valencia.
Además de Barberá, goza de aforamiento como diputado autonómico el exconcejal de Seguridad Miguel Domínguez, por lo que el desarrollo procesal de la causa por blanqueo se antoja cuanto menos intrincado, al estilo de otros casos de corrupción como Gürtel, en los que el aforamiento ha propiciado viajes de ida y vuelta de toda la documentación, de instancias inferiores a superiores.
Si, como en el caso de Novo, el juez mantiene al resto de ediles la condición de investigados (imputados), el partido reclamará su acta y les expulsará en caso de que no la entreguen, con lo que cabe la posibilidad de una renovación total de caras en el PP de Valencia, así como de sus órganos directivos.
