La reforma laboral es el gran caballo de batalla del PSOE. Tras recabar informes académicos y escuchar a sus propios expertos, los socialistas han concluido que el nuevo marco jurídico para los empleados vulnera la Carta Magna. Por lo tanto, si el decreto no se cambia en su tramitación parlamentaria, y el Gobierno ya ha enviado muchos mensajes de que no se cambiará sustancialmente, el principal partido de la oposición interpondrá un recurso ante el Tribunal Constitucional.

“Hay causas jurídicas suficientes”, ha dicho este viernes su portavoz en el Congreso de los Diputados, Soraya Rodríguez. En concreto, el PSOE considera que la reforma es incompatible, entre otros artículos, con el 35 de la Constitución, que reconoce el derecho al trabajo; el 37.1, en el que se recoge que las condiciones laborales están encomendadas a la negociación colectiva, y el 15, que regula el principio de igualdad.

LAS VULNERACIONES

Según los socialistas, las vulneraciones constitucionales más claras son tres. Por un lado, la nueva figura del contrato para empresas de menos de 50 trabajadores con un periodo de prueba de un año. “Es un plazo para despedir libre y gratuitamente, y en la Carta Magna no cabe el despido libre sin causa justa”, ha señalado Rodríguez. Aquí, dice el PSOE, se estaría incumpliendo el artículo 35 de la Constitución. Por otro, la posibilidad de que el empresario cambie las condiciones de trabajo, en especial la cuantía salarial, comunicándolo con un plazo de siete días si esta modificación no afecta a más de 10 trabajadores, algo que iría en contra del artículo 37.1.

Y por último, la imposición de un arbitraje obligatorio cuando el empresario y los representantes de los trabajadores no se pongan de acuerdo sobre los descuelgues de los convenios. Esta solución, ha concluido Rodríguez, ya fue declarada inconstitucional en 1981 por el alto tribunal.