Puigdemont intentó sin éxito frenar la segunda ley de ruptura

Según han explicado fuentes del Govern y ha confirmado el entonces 'conseller' Santi Vila, las órdenes de Puigdemont la mañana del 7 de septiembre eran claras: frenar la ley de transitoriedad. Una norma cuya aprobación generaba ya de por sí muchas dudas y críticas entre los sectores más moderados del flanco soberanista.

"A la vista de cómo fue el debate del día 6, de la tensión que generó, del despropósito que se vivió en la Cámara catalana la noche después de votar la ley de referéndum, todos tomamos conciencia, como mínimo los más sensatos, de que eso no se podía volver a repetir al día siguiente con la ley de transitoriedad. Había sido un despropósito la discusión en torno a la ley del referéndum, se podía justificar más o menos por el deseo de darle una cierta cobertura, pero es evidente que la otra ley, que estaba muy mal hecha, que no resistía el contraste de personas mínimamente formadas, nos ruborizaba mucho a todos; el 'president' se da cuenta, y la misma noche de la ley del referéndum, antes de que se siga adelante con el debate sobre la siguiente norma, nos manifiesta a muchos que no ve la ley, que ha sido una iniciativa del Parlament muy desagraciada, hecha por gente de perfil muy bajo, y que hemos de hacer lo posible y más para que no progrese".

A la pregunta de por qué finalmente sí se siguió adelante con la ley, Vila responde: "De nuevo nos falla la presión del entorno. Hay una presión muy fuerte de las entidades vinculadas al 'procés' y de algunos agentes que tensionan y tensan mucho el momento de decidir. Recuerdo la mañana de esa sesión, cuando el 'president' y cuadros del Govern, de ERC y del PDECat, dimos por decidido que esa no era una ley que se tramitara, y todavía menos que no se pudiera incorporar ninguna enmienda. Horas más tarde, de nuevo perdíamos el control de las circunstancias".

Finalmente, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, anunció que sí, que el pleno se celebraría, para sorpresa de muchos, entre ellos el propio Vila, que había asistido poco antes a las instrucciones de Puigdemont, en el pasillo adyacente al hemiciclo, para que se desactivara la maquinaria parlamentaria de celebración de esa segunda sesión plenaria.

Autocrítica soberanista

En definitiva, el 6 y 7 de septiembre del 2017 no pasarán precisamente a la historia del prestigio de la institución ni de ejemplo de democracia. En esas dos sesiones maratonianas en las que se aprobó la ley del referéndum y la de transitoriedad jurídica se plantó una zanja profunda entre los grupos independentistas, que forzaron al máximo la interpretación legal para aprobar sus planes sin debate previo, y los no independentistas, que trataron de bloquear estos planes con todo tipo de tretas reglamentarias.

Fruto de esa bronca es que nada más y nada menos que 21 recursos de la oposición -especialmente de Ciutadans y del PSC- siguen pendientes de pronunciamiento por parte de Tribunal Constitucional (TC). Hoy por fin, en privado, se admite en el soberanismo que aquellas dos jornadas y los debates que las precedieron supusieron un cúmulo de errores absolutamente evitables. "Hay cosas que se pueden hacer mejor en la vida", admite un diputado de la mayoría.

Todo empezó meses atrás, a finales de febrero, cuando el grupo de Junts pel Sí (JxSí) introdujo la petición de reforma del reglamento del Parlament con la intención de cambiar las reglas del juego: permitir tramitar las leyes de desconexión en lectura única, es decir, sin debate previo, sin enmiendas, en un único pleno parlamentario. Un método, el de la lectura única, que argumentaban que existe en el Congreso y en varios parlamentos autonómicos.

De hecho, en noviembre, el Constitucional declaró que el artículo 135.2 del nuevo reglamento del Parlament, aprobado el 26 de julio con la intención de tramitar por la vía exprés las leyes de desconexión, se ajustaba a la Carta Magna siempre y cuando no se excluyese la posibilidad de presentar enmiendas, circunstancia que deja en manos de la Cámara autonómica y que en el cambio de la normativa no se explicitaba.

Sortear al Constitucional

La intención de tramitar las leyes de desconexión por lectura única no era otra que no dar margen precisamente al Constitucional para cercenar las dos leyes, que evidentemente suponían un desafío al marco constitucional porque planteaban un referéndum -no permitido por parte del Estado a las autonomías salvo delegación de la competencia- y la puesta en marcha de los planes de desconexión y creación del Estado catalán una vez celebrado -y eventualmente ganado- ese referèndum.

La bronca fue total hasta el punto de que la ponencia no contó con la participación de ningún partido de la oposición, excepto en la sesión inicial en la que los grupos afearon a JxSí su estrategia. Jordi Turull, en nombre de JxSí, llegó a sugerir sanciones a quienes no acudieran a las sesiones de la ponencia. La CUP defendió el método de la ponencia y de la reforma del reglamento para introducir mejoras democratizadoras en el funcionamiento de la Cámara.

Mientras salía adelante la reforma del reglamento, en el seno del independentismo se manejaban todo tipo de hipótesis y propuestas sobre si aprobar las leyes de desconexión antes o después del referéndum unilateral del 1-O. Leyes que estuvieron en todo momento escondidas del debate público y parlamentario para no dar margen a la oposición.

Lo cierto es que a fecha de hoy soberanistas expertos en materia reglamentaria y jurídica admiten que determinadas cuestiones básicas se podrían haber hecho mucho mejor, limando las notables aristas que se produjeron en las dos tensas sesiones del 6 y 7 de septiembre.

¿Por qué no el Govern?

De entrada, la cuestión fundamental: Por qué no fue el propio Govern el que llevó al Parlament las leyes? De este modo se garantizaba la posibilidad de la lectura única y se evitaba todo el debate previo de reforma del reglamento. Fuentes conocedoras de estas controversias explican que por parte de la mayoría soberanista se quiso demostrar que estas normas "surgían" de la ciudadanía, expresada a través de los partidos, y no de los despachos gubernamentales.

Otra cuestión fundamental, que sin duda hubiera destensionado las sesiones del 6 y del 7 de septiembre, habría sido la posibilidad de que los grupos de la oposición tuvieran un margen -aunque fuera de pocas horas- para presentar enmiendas a la totalidad a los proyectos rupturistas.

Según admiten las fuentes consultadas, la presión de los líderes parlamentarios de JxSí durante las semanas previas fue determinante para seguir con los planes. Como lo fue, apuntan, la presión del entonces 'president' Puigdemont a la presidenta del Parlament, una Carme Forcadell, que en las dos sesiones del debate en la Cámara se vio en varias ocasiones desbordada por las constantes interrupciones y broncas provocadas en especial desde las bancadas de la oposición y en concreto de Ciutadans.

Queda también para el recuerdo las advertencias de los letrados del Parlament y la constatación del Consell de Garanties Estatutàries de que ante toda proposición de ley del Parlament los grupos tenían derecho a solicitar un dictamen del propio órgano (el llamado 'Constitucional catalán') para verificar su ajuste a la legalidad. Ello tampoco se produjo, en otra muestra de JxSí y del Govern de que se quería una aprobación sin mácula posible, para poder ejecutar definitivamente la parte clave del 'procés': el referéndum y sus posibles consecuencias posteriores.