El expresident de la Generalitat Jordi Pujol presentará el próximo martes una querella contra dos entidades financieras andorranas, Banca Privada de Andorra y Andbank, por revelación de secreto bancario, en relación a las cuentas que el propio Pujol ha reconocido haber mantenido ocultas durante 34 años.

Según informó ayer TV-3, la querella se presentará contra persona no conocida, sin eximir por ello a los bancos de una posible responsabilidad. A partir de ese momento, la justicia andorrana resolverá si ha existido un tránsito de información ilegal y, en caso afirmativo, qué consecuencias se derivan de ello.

Con esta querella, la familia Pujol trata de evitar que los bancos se vean obligados a facilitar la información que les ha requerido el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz. Y es que si la justicia del principado da la razón a Pujol, las entidades financieras no tendrían obligación de ofrecer los datos requeridos sobre las cuentas del expresident.

Paralelamente, la investigación judicial sigue su curso. Las autoridades andorranas ya disponen de la petición formal del juez Ruz sobre las cuentas bancarias de Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresident, y de su mujer. La tramitación de la comisión rogatoria ha sido ágil. Según TV-3, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha tramitado la petición judicial a la justicia andorrana, que la hará llegar a las entidades financieras antes mencionadas.

La estrategia del fundador de Convergència se encamina hacia el contrataque mientras sigue sin anunciar si comparecerá ante el Parlament como le reclamarán los grupos el próximo 2 de septiembre.

Por su parte, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, afirmó en una entrevista a la agencia ACN que el caso Pujol desempolva el debate sobre el llamado 3% denunciado por el president Pasqual Maragall . Con todo, Iceta no fue más allá a la espera de la comparecencia del exmandatario. Iceta también pidió pide al president Artur Mas que encargue a sus consellers que hagan averiguaciones internas para esclarecer la relación del caso con la Generalitat.

Maragall denunció en el 2003 el cobro del 3% en comisiones ilegales para la concesión de obra pública. Sin embargo, la comisión creada en el Parlament para investigar el tema no pudo acreditar su existencia.