El presidente del Gobierno volvió ayer a proponer que la jornada laboral acabe «con carácter general» a las 18 horas. Como reconoció, no se trata de una medida nueva, ya la defendió en abril del 2016, cuando estaba en funciones y trató sin éxito de formar un nuevo Ejecutivo.

Rajoy matizó, además, que es un cambio que no puede «imponer» el Gobierno, sino que debe acordarse con los agentes sociales dentro de las negociaciones para un pacto nacional por la conciliación y la racionalización de horarios.

Rajoy también refrescó otra medida que propuso entonces: la creación de un banco de horas que los trabajadores puedan dedicar a la conciliación. En cambio, no mencionó otras dos: la creación de un sello o certificado de calidad para las empresas con horarios racionales que tendría beneficios fiscales y el cambio del uso horario para que España tenga el del meridiano de Greenwich, como por ejemplo países europeos Portugal y el Reino Unido.

El presidente repescó estas propuestas en un acto del PP sobre familia, conciliación y corresponsabilidad celebrado en Zaragoza, que contó con la presencia también de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat. Pese al motivo de la conferencia y los crecientes movimientos para mejorar las pensiones y avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres, no anunció ninguna medida nueva y se contentó con defender la gestión de su Gobierno: «Podemos sentirnos orgullosos de haber salvado el Estado de bienestar».

DEFENSA SIN NOVEDADES / Rajoy, de esta manera, se centró en cargar contra el PSOE, Podemos y Ciudadanos. «Hay una mezcla letal para nuestro país. Al socialismo se le une el populismo y eso que se llama nueva política, que es el tacticismo y el oportunismo de toda la vida, porque no han sabido acreditar nada», criticó.

Su Ejecutivo, defendió, logró mantener el sistema público de pensiones en los últimos años, mientras quienes «estuvieron a punto de llevarlo a la quiebra hacen comentarios» ahora. Sin citarla, se refirió a la propuesta socialista de volver a vincular esas prestaciones al IPC: «Desconfío, y mucho, de quien hace una propuesta y no dice cómo la va a pagar. Son cheques en blanco, o peor, cheques sin fondos», manifestó.