La candidata del PP a la alcaldía de Madrid, Esperanza Aguirre, tendrá que esperar y la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, no le ha dicho cuánto. Aguirre ha exigido al Ministerio de Hacienda que aclare quién ha filtrado su declaración de la renta del año 2013, pero la número dos del Ejecutivo le ha pedido que espere a que acabe la investigación abierta en ese departamento. "En este momento no podemos determinar que el origen haya sido la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Hay que esperar al resultado de esa investigación", ha dicho Santamaría en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

La presidenta del PP de Madrid denunció ayer ante la fiscalía la filtración de la declaración, cuyos datos publicó ayer la web Infolibre. Según esta publicación, en el 2013 Aguirre ganó 369.000 euros como cazatalentos en la empresa privada Seeliger & Conde y otros 5.000 en juegos de azar, aunque ella ha asegurado que este último ingreso se debió a "un premio literario".

Faltan menos de 48 horas para que se abran las urnas y esta información ha descolocado a Aguirre, que ha llegado a decir esta mañana que le han contado que "desde el Ministerio de Hacienda" se ha informado de que ella ha sido la que ha filtrado la declaración. "Ustedes comprenderán que eso no sólo sea un insulto para mí sino para ustedes, periodistas inteligentes, que comprenden que haría las cosas en mi beneficio, como es lógico", ha remarcado ante la prensa.

LOS CASOS DE RATO Y MONEDERO

"La Agencia sabe quién entrado en mi declaración, desde qué ordenador ha entrado, qué día, a qué hora. Creo que no se puede tardar mucho más. Hay que desenmascarar a la persona que lo haya hecho", ha añadido. "Ya está tardando", ha añadido en referencia al ministro, Cristóbal Montoro.

Santamaría no ha querido poner una fecha a la duración de esa investigación. Cuando la prensa le ha preguntado en qué habían acabado las supuestas investigaciones abiertas en otras filtraciones ocurridas estos últimos meses sobre Rodrigo Rato y Juan Carlos Monedero, se ha escudado en que los datos esas dos personas estaban en manos judiciales y "otros países", en referencia a Venezuela, para justificar la dificultad de conocer el origen.