Siguen los interrogatorios al entorno de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá ante el juez que instruye el 'caso Imelsa'. Este miércoles ha sido el turno de los exconcejales de Silvestre Senent yAna Albert y de la aún edil Maria Angels Ramón-Llin, además de siete asesores del grupo municipal. Todos están siendo investigados por el presunto blanqueo de dinero negro para financiar actos de campaña de Barberá. Sin embargo, el protagonista hoy en la Ciudad de la Justicia de Valencia no ha sido hoy ningún imputado, sino un abogado.

En concreto, José María Corbín, que defiende a Mari Carmen García-Fuster, secretaria del grupo popular municipal, y detenida en la 'operación Taula' por su presunta implicación como “cajera” del lavado de la trama. “Si me entero de que mi mujer ha dado 1.000 euros, la corro a bofetadas”, ha lanzado Corbín, a preguntas de los periodistas sobre la posible implicación de su mujer, Asunción ‘Totón’ Barberá, hermana de la exalcaldesa y su jefa de gabinete en la alcaldía durante 24 años. Con esta poco sensibilidad ante la lacra de la violencia machista ha rechazado Corbín que su mujer participara en la supuesta trama corrupta dentro del ayuntamiento de Valencia, donde se indaga si regidores y personal de confianza del PP hacían donaciones de mil euros al partido y luego las recuperaban en billetes de 500 euros que las empresas adjudicatarias de contratos públicos amañados pagaban como mordida.

El letrado ha defendido además que su mujer “no es ni miembro del PP” y que es “funcionaria de carrera; nada más”. Corbín también ha asegurado que Barberá, con quien se le vio salir la semana pasada de un coche en su del domicilio de la exalcaldesa, no es su clienta y ha recordado que no está siendo investigada.

CONCIENCIA TRANQUILA

Por su parte, Senent, que fue concejal de Hacienda y presidente del PP de Valencia ha señalado que él sí hizo “varias donaciones” al partido, pero que nunca se le devolvieron y que no le consta que hubiera blanqueo en el grupo popular municipal. Sobre los ediles aún en ejercicio investigados, ha opinado que deberían dejar el acta cuando haya sentencia al respecto y no antes. La presidenta del PPCVIsabel Bonig ha repetido en varias ocasiones que esperarán a que se levante el secreto de sumario para tomar medidas contra los nueve concejales investigados de los diez con que cuenta el PP en el consistorio. La exconcejala de Bienestar Social Ana Albert ha defendido que tiene la conciencia “tranquila”.