El Tribunal Constitucional se ha despedido antes de las vacaciones veraniegas admitiendo a trámite una batería de recursos pendientes de los procesados por el Tribunal Supremo por la declaración unilateral de independencia. La admisión a trámite, adoptada por la unanimidad, se corresponde con varias impugnaciones, que van desde la sanción disciplinaria impuesta a Jordi Sànchez en la cárcel de Soto del Real al auto de procesamiento dictado por el alto tribunal que, según el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, le impedía ejercer su cargo.

La comisión disciplinaria de la cárcel de Soto del Real castigó al número dos de Junts per Catalunya y expresidente de la ANC con una "suspensión de actividades recreativas" o "privación de paseos"durante un mes por grabar un mensaje desde la prisión para la campaña de las elecciones catalanas del pasado 21 de diciembre. El Constitucional entiende que en el recurso de Sànchez, en el que alega vulneración de su derecho a la participación directa en asuntos públicos y acceso a cargos públicos, concurre “una especial trascendencia constitucional porque el recurso plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este Tribunal”.

También se ha admitido otro recurso de Sànchez contra la negativa del Supremo a poder asistir al pleno del Parlament para ser investido presidente de la Generalitat o poder participar en él a través de videoconferencia. En el asunto concurre una “especial trascendencia constitucional porque el recurso plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal”, considera el Constitucional, que da al Supremo 10 días para remitir los autos impugnados.

El pleno del TC también tramitará los recursos de amparo de Raül Romeva, Carme Forcadell y Dolors Bassa contra el auto de la Sala de lo Penal del Supremo que confirmó su prisión. El Constitucional sostiene que la impugnación plantea un problema que "afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal”. Y el interpuesto contra Puigdemont y una treintena de diputados contra el auto de procesamiento por entender que les impide ejercer el derecho de representación.

RECURSO DE CIUDADANOS

El Constitucional también ha admitido a trámite el recurso de amparo interpuesto por Ciudadanos contra los acuerdos de la Mesa del Parlament del 7 y 8 de septiembre que permitieron la tramitación de la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república catalana, pese a que esta norma ya fue suspendida por el alto tribunal.

Los diputados recurrentes solicitan que se declare la vulneración de su derecho fundamental a la participación en asuntos públicos en condiciones de igualdad que reconoce el artículo 23 de la Constitución. El alto tribunal, que da 10 días a las partes para que aleguen lo que consideren oportuno, entienden que en este caso concurre una “especial trascendencia

constitucional porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales”.