La magna Carta española parece intocable, pero no lo es. De hecho, los tres gobiernos socialistas de la democracia han impulsado modificaciones de la Constitución de 1978. Unas más controvertidas que otras, pero todas por la vía rápida. Cierto es que el inmovilismo de algunos sectores políticos y el blindaje extremo que introdujeron los propios redactores de la ley de leyes complican su reforma. Pero se puede cambiar en un mes y sin referéndum. Hay dos precedentes.

Los dos cambios en 40 años fueron impuestos por la UE. En 1992, España firmó el tratado de Maastricht, que reconocía el derecho de los ciudadanos de la UE a votar y a presentarse a las elecciones municipales del Estado donde residiesen, aunque no tuviesen la nacionalidad. La Carta Magna aceptaba el sufragio activo de los extranjeros, pero no el pasivo. El Tribunal Constitucional ordenó la modificación el 1 de julio y el 30 ya estaba aprobada. Por unanimidad y sin referéndum.

La reforma del 2011 fue mucho más polémica. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero pactó con el PP una modificación constitucional rápida para consagrar un límite de déficit público y de deuda, ante el agravamiento de la situación de la zona euro y de la propia economía española. El acuerdo entre los entonces dos grandes partidos facilitó que los cambios se produjesen en un mes y sin referéndum, pero ninguna otra fuerza política apoyó la iniciativa, que salió adelante en medio de una fuerte indignación en la calle por parte del movimiento 15-M.

¿Por qué resulta tan sencillo en ocasiones cambiar la Constitución? Los padres de la norma previeron dos vías de reforma, en función de los artículos a los que afectase. Las modificaciones concretas, como la de 1992 y la del 2011, requieren el voto de tres quintas partes del Congreso y del Senado: 210 diputados (de un total de 350) y 156 senadores (de 260). Si la Cámara alta enmienda el plan aprobado por la Cámara baja, una comisión mixta debe desencallar la reforma, y el nuevo texto debe superar otra vez los dos filtros. Esta vía exime del referéndum, salvo que lo pidan, en un plazo de 15 días, una décima parte de los miembros de una u otra Cámara: 35 diputados o 26 senadores.

Unidos Podemos, que cuenta con 67 diputados, ha avanzado su intención de forzar ese referéndum. Y aunque se acotaría oficialmente a la supresión de los aforamientos, muchos partidos podrían convertirlo en un plebiscito sobre la política de Sánchez. Claro que se estaría pidiendo en la práctica un voto negativo a la limitación de los aforamientos, algo impopular.

De lo que también hay antecedentes es de reformas prometidas que nunca llegan, como la voluntad de anular la preeminencia del varón en la sucesión a la Corona. El hándicap es que tocar ese precepto constitucional conllevaría una reforma por la vía lenta que habría de superar dos votaciones en las Cortes, unas elecciones y un referéndum obligatorio.