Asentados en el mundo simbólico, que no exime de consecuencias bien reales, como ha quedado harto demostrado , el independentismo, y en concreto Carles Puigdemont, previó la candidatura de Jordi Sànchez como presidenciable como una alegoría: El Estado español impide no solo que se elija como presidente al diputado con más apoyos, sino también al segundo, al que, para más inri, mantiene en prisión. Y es que salvo sorpresa inesperada de Pablo Llarena, Sànchez no contará con un permiso para acercarse al Parlamento catalán, desde el Centro Penitenciario Madrid V y, por tanto, no habrá sesión de investidura.

En este caso concreto, el de Sànchez, confluye, además, que, si Llarena abriera la mano (algo que el PP y miembros del Gobierno descartan a los pocos segundos de hacer votos por la independencia judicial) , el diputado puigdemontista tampoco cuenta con la mayoría parlamentaria suficiente porque la CUP se lo niega. Los anticapitalistas creen que elegir a Sànchez es someterse al autonomismo, algo de lo que reniegan.

AMENAZA DE QUERELLA / La defensa del exlíder de la ANC presentó ayer una petición de libertad a Llarena. En ella recalcan la «decidida voluntad» de Sànchez de «obrar siempre de modo pacífico y respetuoso con la legalidad». Según el escrito, la propia candidatura a la Presidencia de la Generalitat «es una muestra evidente de la voluntad, no solo personal sino de todo su grupo parlamentario, de respetar las decisiones del Tribunal Constitucional, aunque no se comparta su contenido». Dicho en román paladino, intención de desobedecer, que es lo que le pide la CUP, ni una. Ergo, difícil que los anticapitalistas se avengan a apoyarle.

Los abogados, previendo quizá el mismo desenlace que atisban en Moncloa, ya han anunciado que si Llarena impide que la excarcelación temporal del candidato a la presidencia de la Generalitat presentarán una querella criminal contra el juez por prevaricación. Tras la politización de la justicia y la judicialización de la política llega, con perdón por el trabalenguas, la judicialización política de la justicia, a la espera de que algún día se abra la politización de la política.

Así las cosas, el episodio Sànchez parece una etapa que el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, y por extensión, ERC, quieren quemar con rapidez para abordar ya el plan c. Y si Elsa Artadi reclamaba el lunes «tiempo» para convencer a la CUP, Torrent le ha hecho un caso omiso. Ha dado 144 horas, es decir, seis días, puesto que ha fijado el pleno de investidura para el lunes próximo, día 12. Más presión.

Seis días para el pleno, pero, visto el funcionamiento interno de la CUP, ese pacto debería de llegar antes y satisfacer a los anticapitalistas sin contradecir lo que se ha expuesto a Llarena. Demasiados condicionantes. La diputada cupera Maria Sirvent ha advertido este martes que es «muy difícil» que su partido alcance un acuerdo con Junts per Catalunya y ERC que evite la abstención de los anticapitalistas antes del pleno de investidura del lunes, cuya convocatoria ha dicho que es «imprudente». Además, ha afirmado que si los partidos mayoritarios del independentismo «presentan algún documento» ellos «activarían los procesos de decisión».

DIFÍCIL DE SATISFACER / Posconvergentes y republicanos, con todo, trasladaron este martes una propuesta a la CUP. Fuentes de la negociación indican que tanto la parte del PDECat de Junts per Catalunya como ERC trataron de no exagerar las promesas, por ejemplo en cuanto al proceso constituyente, para no ponerse la soga al cuello. Y además, crece la sensación de que allá donde pueden llegar los partidos mayoritarios no alcanza para satisfacer a los anticapitalistas, a los que no les importa chocar de nuevo con el Estado. Tras la muy «simbólica» legislatura pasada, aquellos que repiten en esta parecen conjurados en no levantar expectativas exageradas de lo que se puede y de lo que no se puede hacer.

¿Y por qué quiere ERC acelerar el episodio Sànchez? Porque ralentiza el final de la aplicación del artículo 155 y, también, por miedo a que el TC active el reloj de la investidura, con carácter retroactivo, y decida que el 30 de enero se inició el plazo de dos meses aptos para hallar `president’. Transcurridos esos 60 días, el 30 de marzo, se convocarían elecciones. El TC tiene sobre la mesa un recurso del PSC que le pide justamente eso. Este martes lo ha admitido a trámite y se supone que en breve decidirá al respecto.

Hasta entonces toma cuerpo de que la alternativa más plausible para que se invista a Sànchez o al plan c no es tanto que la CUP la apoye, sino que se mantenga en la abstención. Y, claro está, que Puigdemont y Toni Comín renuncien a su acta. Ese será el gran debate que se acerca.