El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha acordado esperar a conocer las alegaciones del Gobierno antes de decidir si revisa la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a Arnaldo Otegi por reconstituir Batasuna a través de Bateragune. Los jueces, sin embargo, han rechazado admitir la demanda presentada también por el exdirigente aberzale contra la actuación del Tribunal Constitucional, que se negó a admitir la demanda de Otegi en julio del pasado año por siete votos a favor y cinco en contra. Por ello, en principio, el dirigente aberzale permanecerá en prisión hasta la próxima primavera, cuando acabará de cumplir su condena de seis años y medio de cárcel.

Los abogados de Otegi denunciaron ante el Tribunal de Estrasburgo al presidente del Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, por haber admitido que es militante del PP. Sin embargo, esta sede judicial, por unanimidad, ha afirmado que "nada en este caso apunta a un perjuicio" en este juez.

LA DECISIÓN

Sin embargo, el tribunal europeo ha optado por aplazar la admisión del resto de la demanda hasta conocer la posición del Gobierno español. Los letrados del dirigente aberzale y de los otros condenados, entre ellos Rafael Díaz de Usabiaga, alegaron que habían sido castigados en un juicio que no cumplía todas las garantías. En concreto denunciaron que la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, había perdido la imparcialidad porque en una vista anterior preguntó a Otegi si condenaba a ETA y al no contestar le replicó: "Ya sabía yo que no iba a contestar". El Tribunal Supremo obligó a la Audiencia a repetir este juicio en el que Otegi estaba acusado de un delito de enaltecimiento del terrorismo.

Sin embargo, en el 'caso Bateragune', el Tribunal Supremo no observó pérdida de imparcialidad de esta jueza, pero rebajó la condena de 10 años a seis años y medio. Otegi permanece en prisión desde octubre del 2009 por este caso.

El Tribunal de Estrasburgo ya condenó a España por otra condena impuesta a Otegi por el Supremo que le castigó a un año de prisión por haber llamado al Rey "el jefe de los torturadores". El tribunal condenó al Gobierno central a pagar 20.000 euros al líder de la izquierda aberzale por daños morales y 3.000 por las costas.