El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha considerado que las declaraciones realizadas por el presidente de Sortu, Hasier Arraiz, en las que instaba a "dar jaque mate" a la Guardia Civil no tienen "carácter delictivo". La sala Civil y Penal de este órgano jurisdiccional ha sobreseído la causa, por lo que descarta que existieran, como reclamaba la Abogacía del Estado, graves injurias al instituto armado.

El TSJPV ha estimado el recurso de apelación presentado por Iñigo Iruin, abogado del encausado, al considerar que esas manifestaciones están amparadas por el derecho a la libertad de expresión. El tribunal señala que el derecho a la libertad de expresión solo está restringido en el caso de que haya incitación a la violencia o al discurso del odio, pero admite las declaraciones "que molestan, chocan o inquietan", aunque sean de "mal gusto" u "ofendan". E incluso apunta que este derecho goza de "especial protección" para los representantes políticos, al tiempo que explica que los límites a la crítica son menores en el caso de las instituciones y los funcionarios públicos que en el de las personas particulares.

Iruin había apelado contra el auto del magistrado del Tribunal vasco Roberto Sáiz del pasado 26 de abril, por el que acordó la transformación de las diligencias en procedimiento abreviado. LaAbogacía del Estado reclamó entonces la apertura de juicio oral por supuestas injurias graves a la Guardia Civil, y solicitó la imposición de una multa a Hasier Arraiz de 16.000 euros y el pago de las costas.

En el fallo se citan sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), el Constitucional y el Supremo, algunas de ellas referidas a declaraciones realizadas por dirigentes de la izquierda aberzale como Arnaldo Otegi (que calificó al rey Juan Carlos de "jefe de los torturadores"), Miguel Castells o el propioArraiz.

CONDENADO POR ESTA MISMA SALA ESTE AÑO

El pasado mes de mayo, esta misma sala condenó a dos años de cárcel e inhabilitación especial a Hasier Arraiz, por lo que tuvo que abandonar su escaño en el Parlamento vasco. El líder de Sortu había sido juzgado el 9 de mayo y, durante la vista oral, admitió los hechos que se le imputaban. Fiscalía y defensa suscribieron un acuerdo que permitió al dirigente independentista eludir el ingreso en prisión a cambio de admitir el delito de integración en banda armada.