El Tribunal Supremo volverá este miércoles a convertirse en el centro de la expectación mediática. Y pese a lo que últimamente acostumbra, esta vez no será por la causa por rebelión que instruye por la declaración de independencia de Catalunya. La Sala de lo Penal revisará las condenas del 'caso Nóos', por el que por primera vez un miembro de la familia del Rey puede ir a prisión.

El destino judicial de Iñaki Urdangarin y de su exsocio Diego Torres está en manos del presidente de la Sala Segunda del alto tribunal, Manuel Marchena, y de los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Miguel Colmenero, Juan Ramón Berdugo y Antonio del Moral. Este último será quien redactará la sentencia que pondrá el colofón judicial al caso de corrupción que sentó en el banquillo a una infanta, aunque finalmente Cristina fue absuelta. La Audiencia Provincial de Baleares sí le impuso una multa al declararla responsable civil de los 265.088 euros con los que se benefició de los delitos cometidos por su marido.

Los cinco magistrados que compondrán el tribunal no revisarán la situación de la infanta, porque nadie recurrió su absolución, pero sí tendrán que decidir si aumentan, confirman o rebajan las condenas impuestas en la sentencia que declaró probado que la contratación por parte de la administración balear de la mercantil Nóos Consultoría Estratégica -participada al 50% por Torres e Urdangarin- y de la Asociación Instituto Nóos para la organización de Illes Balears Fórum 2005 y 2006 se hizo al margen de los trámites legales, y por decisión unilateral del expresidente balear y exministro Jaume Matas, debido a la influencia ejercida por el cuñado de Felipe VI.

A ellos les correspondieron las mayores penas: para Urdangarin, 6 años y 3 meses de cárcel; para Torres, 8 años y medio, y para Matas, 3 años y 8 meses. A los otros cuatro condenados se les impusieron penas inferiores a dos años de cárcel que el tribunal sustituyó por multas. Se trata del entonces director general de Deportes balear José Luis Ballester, amigo de Urdangarin, y de los responsables de las fundaciones a los que el primero, siguiendo instrucciones de Matas, encargó simular que los acuerdos con Nóos los tomó la Fundación Illestport.

De 10 meses a 10 años

Todos ellos acuden al Supremo en busca de su absolución, pero enfrente tendrán a la fiscalía y a la Abogacía del Estado, que no solo se opondrán a esa pretensión, sino que intentarán que las penas que se les impusieron sean más elevadas. Urdangarin, que solicita ser absuelto declarándose un "amigable componedor", puede ver incrementada su condena hasta los 10 años que pide para él la fiscalía en su recurso de casación.

La Abogacía del Estado, que se limita a los delitos fiscales, reclama que la pena aumente en 10 meses. La Audiencia le condenó a dos años de cárcel por dos delitos fiscales en el IRPF del 2007 (con una cuota defraudada de 129.739 euros) y del 2008 (por 126.166 euros), pero los Servicios Jurídicos del Estado elevan el fraude a 174.575 euros en el primer ejercicio y a 152.350 euros en el segundo, con el correspondiente incremento de condena.

La fiscala Ángeles Garrido no menciona este delito en su escrito, pero detalla el resto solicitando cinco años por prevaricación, en concurso con malversación y falsedad, o, subsidiriamente, cuatro años y medio por malversación; un año por tráfico de influencias, y dos más por fraude. Basa el incremento de pena en la gravedad de los hechos, tanto por la cantidad sustraída del erario, como por el "entorpecimiento" producido ante la "falta de liquidez" que sufrían las entidades públicas afectadas.