Birmania sigue deslizándose hacia la infamia. Un tribunal se ha agarrado a una apolillada ley colonial para condenar a siete años a dos periodistas que investigaban sobre las matanzas de rohinyás. No ha servido la presión global que veía en el proceso un flagrante ataque a la libertad de prensa del Gobierno que oficiosamente lidera la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi.

Wa Lone, de 32 años, y Kyaw Soe Oo, de 28, ambos birmanos y empleados por la agencia internacional Reuters, fueron condenados ayer por desvelar secretos de Estado. Los periodistas consiguieron romper el blindaje militar decretado en la provincia de Rakhine y denunciaron el asesinato de una decena de niños y hombres de la etnia rohinyá poco después de ser detenidos.

Su arresto en diciembre sugiere una emboscada: la policía convocó a los periodistas en un restaurante para darles unos documentos presuntamente sensibles. Poco después de salir del restaurante, otros agentes los detenían y en esos documentos descansan la sentencia. El tribunal sostiene que pretendían compartirlos con la insurgencia rohinyá mientras los periodistas califican la versión de ridícula, insisten en su inocencia y defienden que solo hacían su trabajo.

La sentencia ignora varias pruebas y testimonios que favorecían a los dos acusados. Un policía, por ejemplo, reveló las órdenes de su superior para tenderles la trampa. El agente fue después condenado a un año de prisión y su familia fue expulsada de las dependencias policiales donde vivía. Tampoco los documentos resultaron ser ni secretos ni comprometedores. La defensa ha denunciado los malos tratos que los periodistas sufrieron durante su detención, la reiterada negativa del tribunal a concederles la libertad bajo fianza y otras decisiones que sugieren que hubo un proceso político. La justicia birmana es uno de los estamentos más conservadores, nacionalistas y apegados al viejo orden militar.

«Lo que ha ocurrido hoy amenaza con socavar el imperio de la ley y la libertad de prensa que necesita una democracia», denunció Kevin Kolicki, director de Reuters en Asia. La ONU y Washington han exigido repetidamente a Birmania la liberación de los dos detenidos y decenas de periodistas y activistas prodemocráticos se manifestaron en la víspera en Rangun en su defensa.

Sostienen los expertos que Suu Kyi, como lideresa de facto del Gobierno civil, tiene capacidad para el indulto. Es improbable si atendemos al desdén con el que se ha referido a los periodistas la que años atrás era uno de los mayores símbolos globales de la democracia y los derechos humanos. Muchos birmanos ven a los periodistas como unos traidores que atentaron contra el estamento militar en connivencia con los terroristas rohinyá.

ACUSACIÓN DE GENOCIDIO / Un informe de la ONU habló la semana pasada por primera vez de genocidio para referirse a la persecución de la etnia musulmana rohinyá en la provincia birmana de Rakhine. El informe amontonaba pruebas contra el Ejército y recomendaba llevar frente a la Justicia a media docena de altos cargos militares por asesinatos, violaciones y quemas de poblados. También lamentaba el pasotismo de Suu Kyi, coronada en 1991 con el premio Nobel de la Paz y considerada entonces icono global.