La ONU y organizaciones de derechos humanos han criticado con dureza la entrada en vigor este martes en Hungría de la ley quepermite encerrar a los solicitantes de asilo mientras se está tramitando su petición. La norma establece que los demandantes que cruzan la frontera húngara deben presentar sus solicitudes en las llamadas zonas de tránsito, lugares donde la condiciones de vida son lamentables, en las que quedarán retenidos hasta que se resuelva el proceso.

La ley "busca garantizar la seguridad no sólo de los ciudadanos húngaros, sino también de toda la Unión Europea", ha dicho el primer ministro húngaro, el conservador y xenóbofo Viktor Orbán, que ha logrado que el Parlamento aprobara la medida con los votos de los diputados de su partido, el Fidesz, mayoritarios en la cámara, y los del partido de extrema derecha Jobbik, uno de los más poderosos de la Unión Europea.

RÁPIDA RESPUESTA

La decisión de Busapest ha tenido un rápida respuesta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que, a petición de la oenegé Comité Helsinki de Hungría, ha dictado una resolución provisional que ha impedido que la ley se aplique a ocho menores de entre 14 y 18 años y a una mujer embarazada que están a la espera de una respuesta a sus solicitudes de asilo."Es traumático detener a niños refugiados e inmigrantes que huyen de la violencia y la persecución y buscan una vida mejor", ha advertido Unicef, mientras que Amnistía Intermnacional, ha afirmado que negar la protección infantil a los menores es una medida "sin precedentes en Europa".

El portavoz del Comité Helsinki de Hungría, por su lado, Zsolt Zádori, ha señalado que "la detención de todos los solicitantes de asilo contradice el derecho europeo y también la razón. Es absurdo que alguien quiera ejercer un derecho y sea encerrado justamente por eso".

NUEVA VALLA

Human Rights Watch (HRW) ha apuntado directamente a la Unión Europea a quien acusa de tibieza frente a las polítcas de Hungría. "Dimitris Avramopoulos (comisario europeo de Migración) debería exigir que Hungría modifique el rumbo", ha reclamado HRW. La oenege ha recordado que la UE ha sido reacia a exigir responsabilidades a Hungría por sus políticas "contra los solicitantes de asilo" que, enumera, han ido desde la construcción de vallas a la persecución penal y la expulsión "algunas veces violenta".

Hungría gastará hasta mayo 123 millones de euros en la construcción de una segunda valla en la frontera con Serbia para detener a los refugiados que intenten entrar en territorio del país y de la zona de Schengen. Orbán lleva dos años utilizando un duro discurso contra la inmigración y los refugiados hasta el punto de relacionarlos con el terrorismo. "Nadie puede entrar ni circular libremente por Hungría sin que se aclare su identidad y sus intenciones", declaró recientemente Orbán.

La política de Orbán cuenta con el apoyo incondicional de los países del llamado grupo de Visegrado, formado por Polonia, Eslovaquia. República Checa y Hungría, que han mantenido este martes una reunión en Varsovia. La primera ministra polaca, Beata Szydlo, ha dejado claro que tanto Polonia como el resto de países del Grupo de Visegrado no aceptarán el "chantaje" sobre los refugiados. "La actual política migratoria de la Unión Europea no ha funcionado", ha concluido.