La acción militar de la coalición internacional ha diezmado el control territorial del autoproclamado Estado Islámico (EI) en Siria e Irak, pero Francia no estará al abrigo de nuevos atentados como los que sufrió en el 2015 y el 2016 si no combate la amenaza endógena que supone la presencia en su territorio de miles de personas radicalizadas.

Esa es la filosofía que inspira el plan de prevención de la radicalización -el tercero en cuatro años- presentado este viernes en Lille por el primer ministro francés, Edouard Philippe, que contempla 60 medidas y amplia notablemente el ámbito de actuación respecto a los programas aplicados bajo la presidencia de François Hollande. También corrige algunas disposiciones anteriores que han fracasado o no han dado el resultado esperado.

Para empezar, y a raíz de las recientes huelgas de los vigilantes de prisiones por las agresiones sufridas a manos de internos radicalizados, el Gobierno cambia de estrategia. Abandona la actual política de dispersión y opta por crear módulos específicos y aislados del resto para los yihadistas condenados por terrorismo. El Gobierno creará 1.500 nuevas plazas de este tipo, 450 de las cuales estarán en funcionamiento antes de finalizar el año, y formará al personal encargado de estos nuevos módulos.

En los colegios, universidades, asociaciones deportivas, empresas y servicios públicos se reforzarán los mecanismos para detectar esos indicios que, sin estar necesariamente asociados a un comportamiento violento, apuntan a creencias o preceptos religiosos que cuestionan los valores de la sociedad francesa.

Para atajar la propagación de las teorías del complot sobre los atentados terroristas que se propagan en colegios e institutos, se dotará a los alumnos de herramientas críticas para hacerlos menos vulnerables a la ideología yihadista y a la propaganda que circula en internet.

Además, se reforzará el control de los centros privados que imparten enseñanza religiosa. Aunque siguen siendo minoritarios -cuentan con 74.000 de los 12 millones de alumnos franceses- su número se ha incrementado en los últimos años. Solo en el 2017 han abierto 150. El ámbito deportivo será igualmente objeto de una atención particular para impedir derivas sectarias.

La radicalización se detecta también en el sector público. Por eso el Gobierno ha decidido facilitar el despido de funcionarios o contratados laborales cuyo comportamiento sea incompatible con el ejercicio de sus funciones, especialmente cuando se trate de personal que trabaja de cara al público.

Hijos de yihadistas

Otro fenómeno preocupante, el de los hijos de yihadistas franceses que vuelven a sus casas, se abordará atendiendo a la situación particular de cada menor, que será objeto de un seguimiento psicológico por parte de los servicios sociales. Hasta la fecha, han regresado a Francia 68 niños, en su mayoría menores de 8 años, según los datos aportados por el primer ministro.

El plan se completa con un capítulo que pone el acento en la investigación para entender mejor un fenómeno de enorme complejidad al que hasta ahora se ha respondido de forma errónea. Se creará un consejo científico que decidirá las líneas de investigación prioritarias y permitirá a determinados investigadores acceder a los ficheros de las personas radicalizadas. Francia tiene censadas 19.000, 2.000 muy violentas, de las cuales 11.000 siguen algún programa de desradicalización.

Fracaso del primer centro de desradicalización

Por otro lado, el Gobierno ha tomado nota del fracaso del primer centro de desradicalización del país ubicado en Pontourny, en la zona del Loira. Impulsado por el exprimer ministro Manuel Valls, acogía a individuos que, de manera voluntaria, aceptaban seguir un programa de desradicalización.

El proyecto se abandonó al ritmo que lo hacían los voluntarios sin ni siquiera finalizar el programa. Ahora será sustituido por otro modelo, inspirado en un método aplicado en Canadá, que funciona con carácter experimental en París y está ofreciendo buenos resultados con personas sometidas a un control judicial.

“Prevenir para proteger”, ha resumido Philippe rodeado de 10 ministros del Gabinete para reforzar el mensaje de que el nuevo plan de lucha contra la radicalización descansa en un enfoque multidisciplinar para el que pidió la colaboración del islam francés. “El Estado va a librar este combate para mantener la unidad de la nación y preservar los valores republicanos, pero este combate no lo ganará sin los musulmanes de Francia”.